A la  espera de la verificación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, de las garantías de las 3 empresas que deben pujar por la venta de Isagen, el mercado financiero se pregunta ¿qué tan blindada está la venta de la compañía a inversionistas privados?

La respuesta a esta situación no está clara, a pesar de que el trámite para la operación no ha cambiado y se realizará el próximo 19 de mayo. Las voces de protesta de algunos partidos políticos que se oponen a la negociación aumentan y todavía parece que en el aspecto legal hay varios temas pendientes.

Para el partido Liberal, “la venta no es necesaria, entre otros motivos, por razones económicas, ambientales, patrimoniales y de soberanía”. La senadora Viviane Morales dijo que “el patrimonio público no se negocia, ni mucho menos se le debe entregar a las multinacionales un activo estratégico como Isagen”.

De acuerdo con el grupo político, Isagen es una empresa que tiene una rentabilidad y productividad en niveles históricos con ingresos que ascendieron en 2014 a $2,3 billones y ganancias por $436.583 millones, por lo que no es un buen negocio para el Estado deshacerse de una gran inversión.

Ya en cuestiones legales, hay varios procesos pendientes. De acuerdo con la Contraloría General, existen nueve procesos judiciales contra la enajenación de la participación de la Nación en Isagen: tres acciones de nulidad, una en la que ya fueron negadas las medidas cautelares que pedían la suspensión provisional del decreto; tres acciones populares, donde ya existe un fallo de primera instancia favorable al Gobierno Nacional; y tres acciones que obtuvieron fallos también favorables para el Gobierno, tanto por parte de la Corte Suprema de Justicia como por parte del Consejo de Estado.

La regulación

Indica el ente de control que “en este contexto, sería necesario analizar si los eventuales fallos afectarían la estabilidad jurídica del negocio”. Señala la entidad que si el proceso licitatorio iniciado para vender la participación accionaria del Estado termina satisfactoriamente, “habría que minimizar los riesgos que esa decisión supone, fortaleciendo la regulación y el control a fin de asegurar la expansión del sistema eléctrico nacional y evitar una posible afectación de la estructura tarifaria que le restaría al país competitividad en comparación con los países de América Latina”.

Como lo han sostenido varios sectores, la venta de Isagen genera presiones sobre las finanzas públicas, pues la Nación dejará de recibir anualmente el monto de los dividendos para la financiación del gasto público, por lo cual la venta en las actuales condiciones de los ingresos de la Nación podría llevar, en los próximos años, a hacer recortes presupuestales en otros sectores diferentes al de infraestructura vial.

Por ejemplo, sostiene la CGR, que los recursos de la venta deben ser ejecutados en lo que se ha planeado y en el tiempo proyectado, “de lo contrario los recursos obtenidos se convertirían en un flujo de caja que permitiría aliviar temporalmente la coyuntura fiscal y no revertir en los beneficios económicos y sociales esperados”.

De otro lado, los tres inversionistas estratégicos que quedaron en la puja y presentaron las garantías son GDF SUEZ (Francia), Colbún (Chile) y Brookfield (Canadá).

La competencia

Esta última empresa fue cuestionada inicialmente por ser una compañía controlante de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA). Sin embargo obtuvo la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para participar  en la compra al Gobierno de las acciones.

Según los análisis, la Superindustria concluyó que si Brookfield logra ser adjudicataria de las acciones de Isagén, no se produciría una restricción indebida de la competencia o un aumento de precios de la energía eléctrica para los consumidores colombianos.

No habría restricciones porque la empresa controlante de EBSA participa en los mercados de transporte, distribución y comercialización de energía en Boyacá y los santanderes a través de EBSA, pero no participa en el mercado de generación de energía eléctrica, actividad que sí ejerce Isagen.

De otra parte, el ganador de la subasta entraría a ser socio de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que tienen un 12,95% en Isagen, pues el restante 29% es de accionistas de tipo institucional y personas naturales. También podrían ser los socios mayoritarios de una compañía que, al decir de la Contraloría, “ha tenido un comportamiento financiero favorable en los últimos años”.

Por otra parte, ahora que se reaviva la polémica por la venta de la generadora, la compañía presentó los resultados financieros de los tres primeros meses del año y los resultados son positivos. El gerente general de la compañía, Luis Fernando Rico informó que la compañía tuvo ingresos por $662 mil millones.

Ese incremento del 26% con respecto al mismo periodo, se debió a dos factores, uno el inicio de operaciones de Hidrosogamoso en Santander y el otro, el aumento en el valor de la energía.

Sin duda, Hidrosogamoso resultó fundamental para los buenos indicadores en el primer trimestre, pues generó el 25% del total de la energía de Isagen. En la actualidad, la que es considerada una de las joyas de la corona del Gobierno está generando el 23% de la demanda de energía del país. La utilidad operacional de enero a marzo se calculó en $258 mil millones.

En el último mes, la acción de Isagen ha venido descontando la privatización, pues ha  mostrado una valorización constante creciente, cotizándose por encima de los $3.200, que es un nivel similar al que tenía hace casi diez meses, cuando se aplazó la venta. Para la subasta de este año se espera que el Gobierno fije un precio base de alrededor $3.385 por título, de manera que no se hará la transacción a menos que algún postor oferte un valor superior a $5,2 billones.