El grupo petrolero español Repsol notificó a la presidenta argentina, Cristina Kirchner, la existencia de una "controversia" por la expropiación del 51% de su filial YPF, primer paso para la apertura de un arbitraje internacional, informó un portavoz de la empresa.

"El proceso empieza en Argentina, Repsol notifica a la presidenta de la república que hay una controversia (...) y dice que esto debería dirimirse en el CIADI", el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (dependiente del Banco Mundial), declaró el portavoz.

"Antes de que se vaya al CIADI las partes tenemos seis meses para buscar una solución negociada, esto es el primer paso, es lo que abre el proceso", precisó.

Alegando una falta de inversiones en Argentina por parte de la petrolera española, Kirchner anunció en abril la renacionalización de YPF, tras su privatización en 1999.

"La expropiación de YPF implica una violación de los compromisos asumidos por Argentina bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina", afirma la notificación enviada a Kirchner de la que la AFP obtuvo una copia.

El grupo español valoró su participación en la filial argentina en 10.500 millones de dólares y anunció que exigirá una compensación a través del arbitraje internacional que deberá ser al menos igual a esta suma, que el gobierno argentino dio a entender no está dispuesto a pagar.

"No les vamos a pagar lo que ellos quieren", había asegurado el viceministro argentino de Economía, Axel Kicillof, argumentando que los gestores españoles "están dejando en YPF una deuda de 9.000 millones de dólares".

Con esta notificación, "Repsol anuncia formalmente el comienzo inmediato de acciones legales bajo el Derecho Internacional para que (...) se condena a Argentina a la reintegración y/o a la reparación integral de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar", afirma el texto.

Para Repsol, Argentina violó varias reglas del Tratado bilateral de Promoción y Protección de Inversiones, "comenzando por la obligación de no nacionalizar o expropiar las inversiones de Repsol (...) salvo por causas de utilidad pública y contra el pago de una indeminización adecuada y sin demora".

Denunciando "medidas de carácter singular contra Repsol", dado que el gobierno de Kirchner no expropió la participación de otros accionistas, el grupo petrolero asegura que "previamente al anuncio de la expropiación (Argentina) sometió a los activos de YPF a ciertas medidas dirigidas a erosionar o destruir su valor".

Seis provincias argentinas habían retirado en los últimos meses a Repsol YPF un total de 16 concensiones de explotación en el país.

La decisión de expropiar a Repsol -propietario del 57,43% de YPF- el 51% de las acciones de la filial, aprobada a principios de este mes por el Parlamento argentino, tensó las relaciones diplomáticas con España.