España: ley de expropiación toma fuerza | El Nuevo Siglo
Jueves, 25 de Abril de 2013

Inspirándose en las medidas adoptadas por los socialistas en Andalucía para luchar contra el drama de los desalojos en España, los gobiernos regionales de Canarias y Cataluña, dirigidos por nacionalistas conservadores, decidieron atajar el problema de las miles de viviendas vacías. El presidente del ejecutivo canario, Paulino Rivero, anunció ante el parlamento local un proyecto de ley que prevé, entre otras medidas, expropiar "la ocupación de la vivienda por tres años" para "evitar los desahucios a las familias que se encuentran en situación de emergencia social".

Rivero, a la cabeza de la nacionalista Coalición Canaria (centro-derecha) que gobierna ese archipiélago atlántico desde 1993, también anunció la creación de "un registro de viviendas vacías para determinar sanciones a aquellas empresas o personas jurídicas -nunca a personas físicas- que no cumplan el fomento del alquiler".

"Es una obligación política y moral buscar respuestas a una de las caras más dolorosas de la crisis: los desahucios", escribió sobre la red social Google+.

Por su parte, el gobierno catalán, en manos de la coalición Convergència i Unió (derecha) dirigida por Artur Mas, anunció el lunes la creación de un impuesto a las casas y apartamentos vacíos en manos de bancos y promotoras inmobiliarias "con el objetivo de evitar la desocupación permanente de viviendas e incentivar el mercado de alquiler".

Según un recuento reciente, Cataluña, en el noreste del país, tiene 450.000 viviendas vacías, de las cuales 80.000 son nuevas.

Esta "medida de estímulo" debería también contribuir a reducir el precio de los alquileres, estimó Santi Vila, responsable catalán de Territorio y Sostenibilidad encargado de la vivienda.

Andalucía, una de las regiones más afectadas por el desempleo y la precariedad, meridional feudo de los socialistas, tomó hace dos semanas medidas inéditas contra bancos e inmobiliarias: la expropiación temporal del uso de las viviendas en caso de expulsión de familias en situación de precariedad y multas de entre 1.000 y 9.000 euros sobre las casas vacías.