Viernes, 18 de Noviembre de 2011
La ineficiencia y los escándalos generados en procesos de contratación pública no sólo obedecen a fallas del Estado o al exceso de normas poco sustanciales, sino también a conductas inapropiadas y antiéticas de algunos contratistas, advirtió el ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra.
“Algunos avivatos plantean condiciones de contratación a pérdida para ser declarados vencedores en una licitación pública. Pero no bien galardonados como vencedores en la licitación, ya tienen la demanda debajo del brazo para torcerle el cuello a su ofrecimiento inicial y obtener una remuneración mayor por sus servicios”, denunció el Ministro.
Y añadió: “Así, contratistas que han presentado ofertas artificialmente bajas esperan a ser adjudicatarios de un contrato para luego alegar que lo pagado por el Estado inicialmente les es insuficiente y de esta manera generar una remuneración adicional con los consecuentes millonarios sobrecostos y desmedro para el patrimonio público”.
Las declaraciones fueron hechas durante el panel sobre Eficiencia y Transparencia en la Contratación, en el marco del VIII Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena.
En el evento, el ministro Esguerra admitió que la consagración de un Estatuto general de contratación pública o la modificación de normas previas que regulan la materia no van a solucionar el problema por sí solo.
“En este sentido, estamos de acuerdo con que el llamado ‘fetichismo jurídico’ de reformar por reformar no va a brindar las soluciones que se requieren en la materia. Por ello es imperativo evitar el fetichismo jurídico por vía de la ‘reformitis’, pero también por vía de la ‘abusitis’”, sostuvo.
El alto funcionario concluyó su intervención con un llamado de atención de los asistentes al Congreso, sobre la conducta de los abogados que se prestan para asesorar a contratistas privados en la mejor forma de lograr un fraude a la ley.
“Éste también es tema de preocupación para el Gobierno. Por ello, en la actualidad estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley sobre un Código de Ética de la Abogacía que prevenga y reprima la realización de este tipo de conductas contrarias a la ética profesional”, concluyó el Ministro.