Que sean sancionados todos los involucrados en el robo de tierras que se ha presentado en el país, pidió ayer el ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra.

Dijo el funcionario que es necesario que el Consejo de la Judicatura investigue las denuncias y que “estas investigaciones conduzcan a unos resultados que sean tangibles y den lugar también a las medidas que corresponde tomar a los Jueces de Garantías, a los Jueces Ordinarios, para que ellos aceleren el cumplimiento de sus obligaciones y le apliquen todo el peso de la ley a aquellas personas que están escondidas tras bambalinas detrás de las escrituras públicas, detrás de los certificados de libertad, a veces en los potreros y otras veces en otros despachos, despojando de sus tierras al Estado que las necesita para entregárselas a los colombianos que las van a labrar y trabajar”.

Así mismo, el ministro Esguerra indicó que estos robos al Estado o a personas que no tienen forma de defenderse se ha dado a través de “maniobras truculentas que tienen lugar en las Oficinas de Registro, también a través de la utilización de las escrituras públicas, para efectos de lo que he llamado las corridas de cerca que tienen lugar en las oficinas públicas, y a eso hay que andarle muy duro”.

El jefe de la cartera de Justicia resaltó la tarea que la Superintendencia de Notariado y Registro ha venido liderando y agregó que “es indispensable, como se dice popularmente, que nos pongamos las pilas todos, que nos las pongamos los Notarios, que nos las pongamos los Registradores de Instrumentos Públicos, que nos las pongamos los Jueces y que se las ponga el Gobierno, como es apenas natural, para efecto de que todos juntos adelantemos esta cruzada”.
La víspera, durante el acto de transferencia del predio Las Catas en Ayapel, Córdoba, que estaba en poder del narcotráfico, a campesinos desplazados de la región, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que las casi 700.000 hectáreas de tierras que a través de trucos y de violencia fueron robadas al Estado, serán devueltas a los campesinos necesitados.

Informó el Mandatario entonces que la Superintendencia de Notariado y Registro “ya lleva identificadas más de 700.000 hectáreas que se robaron, solamente a través de mañas y de trucos legales, a través de las Notarías”.

El superintendente Jorge Enrique Vélez precisó que, por ejemplo, un robo se registró en Cota, Cundinamarca, donde estafaron a una mujer en un negocio por 3.500 millones de pesos, sobre predios que valen 17.000 millones de pesos, por medio de un trámite notarial; añadió que los otros casos ocurrieron en San Luis, Antioquia, donde unos guerrilleros se apropiaron de terrenos baldíos, y en Tibú, Norte de Santander.

“Más de 700 mil hectáreas se han descubierto. Cuántas más no se van a descubrir hacia adelante, que se han robado. Le han robado al Estado, porque mucha de esa tierra se la han robado al Estado; eran tierras fiscales de propiedad del Estado, baldíos, y tierras que les robaron a los campesinos. Los desplazaron a punta de fusil”, manifestó.