La Corte Constitucional colombiana ratificó este viernes la tesis del gobierno de Juan Manuel Santos de que la nueva delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, establecida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2012, solo puede aplicarse tras la aprobación de un tratado bilateral.

En un fallo, el alto tribunal reconoció a la CIJ como "instancia jurisdiccional aceptada por el Estado Colombiano (...) para la solución judicial de controversias sobre asuntos internacionales".

Pero aclaró que ese reconocimiento se da "bajo el entendimiento de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas en relación con las controversias limítrofes deben ser incorporadas al orden jurídico nacional mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado", como lo establece la Constitución.

En una breve alocución hecha pocos minutos después de conocido el fallo de la Corte Constitucional, Santos aseguró que para su "país mientras no sea celebrado un nuevo tratado, los límites de Colombia con Nicaragua continúan siendo (...) los límites anteriores al fallo de la CIJ".

En noviembre de 2012, la CIJ resolvió un litigio limítrofe entre Nicaragua y Colombia, reconociéndole a Bogotá la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los islotes y cayos adyacentes, pero otorgándole a Managua al menos 75.000 km2 de mar.

El gobierno colombiano ha insistido en que la decisión de la CIJ sería "inaplicable" hasta que se acordara un tratado entre ambos países.

"El fallo de la Corte de La Haya solo se puede aplicar después de un nuevo tratado, esa fue la tesis acogida por la Corte Constitucional esta tarde en un fallo histórico", reiteró Santos este viernes.

La decisión responde a la demanda que hizo en septiembre pasado Santos contra varios artículos del Pacto de Bogotá, que comprometía al país a dirimir sus desacuerdos limítrofes con otras naciones del hemisferio ante la CIJ.

Los artículos fueron declarados constitucionales por el máximo tribunal, que reconoció además las decisiones de la CIJ mientras estuvo vigente el Pacto de Bogotá.

Santos denunció el Pacto de Bogotá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que se conociera este fallo limítrofe de 2012 y ya desde noviembre de 2013 Colombia no está sometida a las decisiones de la CIJ.

Sin embargo, días antes de que Colombia quedara fuera del acuerdo, Nicaragua introdujo una nueva demanda en la que le acusó de incumplir la decisión de la CIJ de 2012 sobre los límites marítimos.