Un completo panorama visto desde diferentes sectores de la sociedad sobre la lucha antidrogas y sus posibles salidas, dejó el Foro Nacional sobre las drogas que hace parte de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc.

Más de 600 participantes, entre ellos expertos internacionales, nacionales, sectores políticos, judiciales y académicos, plantearon alternativas como la transformación del sector agrario, el combate de la oferta de drogas, la legalización, alternativas de erradicación y seguridad alimentaria.

Con relación a la política agraria, Absalón Machado, asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que “la solución al problema de las drogas ilícitas pasa por un desarrollo rural de verdad, donde participe de manera efectiva la comunidad, y se evalúe la posibilidad de establecer estrategias jurídicas transitorias que propicien cambios”.

El especialista dijo que se debe cambiar la visión simplista de la sustitución de cultivos. “Se trata de una economía con disputa territorial, en donde participa una cadena de drogas y mafias, que no puede caer en el simplismo de cambiar un producto por otro, sino en la consideración de las características propias del conflicto”. Asimismo dijo que “sin instituciones fuertes y gobernanza, no puede haber una política que resista al mercado que caracteriza al problema”.

 

Cambios en las políticas

Los expertos coincidieron en la necesidad que tiene el Estado colombiano de desarrollar una política integral antidrogas que supere los temas de erradicación, penalización y capturas a narcotraficantes.

En este sentido, Kathryn Ledebur, colaboradora de varias publicaciones sobre Derechos Humanos y políticas de drogas en los Estados Unidos y América Latina,  afirmó que la demanda de la cocaína está fuera del alcance del Estado, por lo tanto, “es difícil acabar con un producto sobre el que no se tiene autonomía para frenar su consumo”.

El panelista destacó el cambio de políticas que ha venido impulsando Latinoamérica como la legalización de la marihuana en Uruguay.

“Es el ejemplo de Uruguay que ha legalizado el uso recreacional de marihuana, evaluando diferentes factores y apostándole a cambios trascendentes, que se enfocan en darle una solución verdadera a la población afectada por este flagelo”, precisó.

Ledebur sostuvo que no se puede frenar la producción, pero sí distinguir el multimillonario negocio del narcotráfico, del pequeño productor de coca que solo es un eslabón en la gran cadena.

“Las políticas de América Latina se han enfocado en controlar o restringir a esos grupos marginados, en vez de incluirlos para poder concentrarse en la parte que realmente se nutre sin que ellos se beneficien”, dijo.

El especialista consideró que laspolíticas no han funcionado porque crean conflicto con la gente que requiere un programa de desarrollo enfocado en la sustitución y en la seguridad alimentaria.

“La erradicación forzosa implica que la gente no tenga comida. Por eso, la alternativa es sembrar más coca, porque los programas de sustitución no brindan las posibilidades de que las familias alimenten a sus hijos”, precisó Ledebur.

Por esto, el analista aseguró que es clave establecer una opción económica, lo que requiere una política pública integral que legitime a la ciudadanía.

“Es necesario que se acepte el estatus de los productores de coca; que se haga un registro legal de terrenos, que se establezca una posibilidad transicional para que la gente pueda sostenerse y complementar los ingresos; hacerlos menos vulnerables ante el conflicto para que decidan hacer una reducción sostenida de cultivos”, expresó.

“Sin solución”

Una visión diferente planteó Rafael Franzini, representante de UNODC para Brasil y el Cono Sur,  quien afirmó que las drogas ilícitas son un problema heterogéneo para el que no existe una solución.

“Ni prohibicionismo ni legalización total”, expresó Franzini, quien recalcó que las políticas públicas deben tomar en cuenta las nuevas realidades latinoamericanas, las distintas formas de participación.

“El diseño de la política debe observar profundamente los Derechos Humanos, su vigencia y preservación; los Derechos Humanos en la ejecución de la ley, los derechos de los procesados, los condenados; así como los consumidores problemáticos que deben ser considerados enfermos y que no deberían recibir coerción social, pues no se puede tratar a un enfermo como si fuera un delincuente”, afirmó Franzini.

 

Medir efectos

Un concepto intermedio manifestó Adam Isacson -periodista norteamericano- que ha enfocado su mirada en Colombia como destino principal de la asistencia militar estadounidense. El comunicador sostiene que las actuales políticas deben ajustarse en varios aspectos que están consolidando una imagen negativa del Estado, pues su presencia termina siendo restrictiva y dañina, sin aportar soluciones reales al conflicto.

“Hay que dejar de fumigar, realizar una erradicación voluntaria con presencia estatal, con seguridad alimentaria y proyectos productivos: Es necesario garantizar que los narcotraficantes no puedan gozar de sus ventas, que se siga el sendero del dinero y se desmonten las redes criminales”, expresó Isacson.

Y afirmó que antes de decidir si legalizar o regular, es necesario balancear los beneficios y los daños de cada opción.

 

“Prohibición no es la salida”

Rodrigo Uprimny, profesor de la Universidad Nacional aseguró que el régimen prohibicionista internacional fracasó estructuralmente. Según el académico, el propósito de esta medida era reducir la oferta por vía de la penalización y, de esta manera, controlar los abusos. Pero eso no ha ocurrido.

“Las cifras muestran que en un mercado como el de la cocaína, desde hace 20 años se mantiene una oferta potencial cercana a las 1.800 toneladas, lo cual es lo requerido”, ejemplificó.

Agregó que “la política de la prohibición produce enormes daños y sufrimientos, así como mafias con gran capacidad de corrupción y violencia, y leyes antidemocráticas que congestionan las cárceles y marginan a los usuarios”.

Consideró que existen políticas alternativas a la prohibición que son más humanas y democráticas. “Si uno se funda en la distinción entre el daño primario que ocasionan las sustancias ilícitas y el daño secundario que ocasionan las políticas de control, se pueden encontrar medidas más adecuadas”, dijo el profesor.

 

Regulación de cultivos ilícitos

Otra propuesta que se discutió en el foro fue la regulación de los cultivos ilícitos. En este sentido Ricardo Soberón, del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos,  advirtió que la guerra contra las drogas ha fracasado en el hemisferio y resulta pertinente su regulación.

El panelista peruano señaló que no se trata de erradicar o acabar con el problema, sino de establecer propuestas que permitan gestionar esta problemática y reducir sus impactos más dañinos.

“No vamos a solucionar nada, porque la humanidad ha vivido, vive y vivirá con determinadas sustancias de origen natural y sintéticas que generan efectos en los seres humanos”, puntualizó, y añadió que no se trata de la sustitución de cultivos, sino de la reducción de los mismos y del incremento de la presencia del Estado.

Otro factor que destacó es que al campesino cultivador no se le debe considerar como un delincuente, pero tampoco como víctima. Del mismo modo abogó por “la necesidad de recuperar su carácter de ciudadano, para tener derechos como la participación en decisiones, pero también obligaciones, como el conocimiento de lo que hay en su predio, cómo se produce y qué no se debe producir”.

 

Transformación espacial y social

Según el general retirado Rafael Colón, que el 32% de la población colombiana sea rural, debe ser tenido en cuenta por parte del Gobierno para transformar el territorio. Con base en esto dijo que “se debe instalar servicios en cada una de las zonas de cultivos ilícitos para superar los indicadores de desarrollo necesarios para la población”.

Colón también advirtió que para la transformación de estos territorios, mediante la aspersión, “es necesaria la articulación de la oferta institucional, enfocada en el mejoramiento de estas zonas y poblaciones, porque en cualquier lugar hay jóvenes, mujeres y hombres con una capacidad enorme para hacer un mejor país”.

 

Socio-economía

Francisco Thoumi, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas advirtió que Colombia necesita trabajar en su estructura socioeconómica. Destacó que el foco debe ser combatir el narcotráfico en serio y no los cultivos.

Para ello, ratificó que “debe tenerse una ciudadanía moderna, que aprender a vivir en un mundo con actividades muy rentables, que no se pueden realizar sin enfrentar el desafío de acabar con la cultura mafiosa”.

El experto explicó que “es necesario un cambio no solamente de cultivos ilícitos, sino en la misma elite empresarial colombiana, pero también en el sistema, porque el capitalismo colombiano es excluyente y competitivo, lo que ha generado un país con movilidad, pero sin cambio social”.

“Los cultivos ilícitos son sintomáticos de los problemas sociales no resueltos. Lo mismo para países consumidores como Estados Unidos, que de ese modo develan cantidad de dificultades estructurales que no han podido resolver”, concluyó.