Analistas consideran que debería aplicarse alguna norma que fuerce al magistrado Malo a apartarse precautelativamente del cargo

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Los calificativos constitucionales de pronta y debida justicia no son un elemento a desechar cuando hay escándalos del tamaño del que existe en la Corte Suprema de Justicia por la compraventa de sentencias y fallos, según se desprende de las grabaciones judicializadas de los implicados de las investigaciones sobre el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

Por eso sorprende de sobremanera la inactividad y la modorra que se siente en torno a las indagaciones de los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, así como del magistrado activo Gustavo Malo e incluso del exmagistrado Tarquino Pacheco.

Desde que salieron a la luz pública las grabaciones y testimonios no se ha escuchado “esta boca es mía” de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Y está claro que esa estrategia de silencio hace parte de que solamente hablarán dentro de las actuaciones procesales de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Aun así, la Sala Plena de la Corte urgió, el viernes pasado, a Bustos y Ricaurte a dar la cara y explicar sus actuaciones.

Igualmente esta semana el magistrado Malo se abstuvo de renunciar, como se lo pidieron sus colegas de la plenaria, y apenas si se logró que se apartara de los casos del senador Musa Besaile y el excongresista Julio Manzur, sobre los que aparentemente, según las denuncias e interceptaciones, se habrían producido las lesivas actividades contra la majestad de la justicia, al ser objeto de las corruptelas que tienen escandalizado al país.

Ha dicho Malo que solo “pensará” en retirarse, pero no lo ha hecho, ganando el tiempo correspondiente y señalando, así mismo, que no suspendió la orden de captura del senador Besaile, a cambio de dinero, como lo dejó entrever su exmagistrado auxiliar desde Guatemala.

Más celeridad

Cuando la Constitución dice “pronta y debida justicia”, usando perentoriamente esos calificativos, lo hace precisamente porque sin severidad y eficacia en las actuaciones ella pierde vigor y vigencia. Es lo que está aconteciendo con el caso de Bustos y Ricaurte y todo lo que rodea el fermento en torno de ellos.

A estas alturas, desde luego, la Comisión de Acusaciones debería estar ejerciendo sus funciones a plenitud. De hecho, el Congreso ha debido declararse, de alguna manera, en emergencia judicial, por cuanto no es dable seguir operando como si no ocurriese nada y mientras se derruye una buena parte de una de las ramas del poder público.

El fuero no puede ser, desde luego, un eximente judicial, pero así pareciera ocurrir, convirtiéndose más bien en una inmunidad que no se compadece con el régimen institucional. Las circunstancias son supremamente graves y apremiantes. No basta, en ese sentido, con que los magistrados de la Corte pidan informalmente el retiro de alguno de sus colegas si creen que, ante ellos, hay una causal evidente de delito.

El alto tribunal en su propio reglamento interno, o incluso el parlamentario instructor de su caso en la Comisión de Acusaciones deberían buscar algún instrumento legal para suspender al magistrado, tal como ocurre con todo funcionario que está bajo sospecha por una actuación propia de su cargo.

Si bien a Malo le asiste el derecho de ser considerado inocente hasta que se compruebe lo contrario, esa garantía individual y particular en modo alguno puede afectar el derecho colectivo y general de los colombianos a salvaguardar la máxima de sus cortes jurisdiccionales.

Si ya de por sí este escándalo de corrupción tiene a la Corte con la más baja imagen y nivel de credibilidad de toda su historia, la insistencia de sus principales implicados de mantener silencio o de aferrarse a sus cargos, no hace más que agravar la crisis.

Llamado de la Academia Colombiana de Jurisprudencia

Tras manifestar su preocupación por la crisis en las más altas instancias de la justicia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia emitió un comunicado bajo el título “La importancia de los valores”, en el que recalca que el país necesita superar el vacío ético en que ha caído.

El siguiente es el texto del pronunciamiento y sus firmantes, entre ellos varios expresidentes de altas cortes, exmagistrados, un exfiscal general, un exprocurador y otros reconocidos juristas.

La importancia de los valores

“La Academia Colombiana de Jurisprudencia está comprometida con la vigencia del Estado de Derecho y de la juridicidad del país. En ese marco defiende los valores éticos que deben orientar el devenir de la sociedad, y se une a las voces de preocupación que se han manifestado en contra de las presuntas conductas impropias atribuidas a funcionarios de la Rama Judicial en sus diferentes niveles. Solicita, además, se adelanten las indagaciones necesarias para esclarecer la realidad de lo acontecido y adoptar las medidas que correspondan.

Los hechos denunciados son tan graves, que afectan profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones, cuyo funcionamiento depende de la ética de las autoridades y de la fuerza moral de una sociedad comprometida con los  más altos valores y las buenas costumbres. Para la Corporación se ha llegado a un momento en el cual deben concentrarse todas las acciones de la sociedad y del Estado para priorizar la lucha contra todas las expresiones de corrupción, que invaden tanto al sector privado como al público en todos sus órdenes.

El país necesita superar el vacío ético en que ha caído, tomando como punto de partida múltiples acciones encaminadas a establecer procesos formativos y educativos que cobijen a las nuevas generaciones, tanto desde la familia como desde las aulas escolares, para garantizar la creación de una estructura mental en la que primen los valores altruistas y se pueda enseñar con el ejemplo. Así mismo son urgentes las reformas dirigidas a combatir la impunidad para garantizar el ejercicio de una pronta y cumplida justicia.

La honestidad, como valor absoluto, no admite estaciones intermedias. La sociedad debe fijarse como meta la erradicación total de cualquier forma o expresión de indelicadeza, pues estas son la cimiente de los posteriores actos de corrupción. Para ello se requiere sembrar de nuevo los valores éticos, pero también adelantar una profunda reingeniería institucional, sin la cual es imposible recuperar la confianza ciudadana y la gobernabilidad del país”.

El texto es firmado por Cesáreo Rocha Ochoa, como presidente de la Academia; Fernando Sarmiento Cifuentes (primer vicepresidente), Augusto Trujillo Muñoz (segundo vicepresidente), y respaldado por el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar; el exfiscal Alfonso Gómez Méndez; German Valdés Sánchez, Álvaro Barrero Buitrago, Gilberto Álvarez Ramírez, Carlos Fadrique Méndez, Juan Rafael Bravo Arteaga, Francisco Barbosa Delgado, Heraclio Fernández Sandoval, Ulises Fernández Rojas, Saúl Sotomonte Sotomonte, Augusto Ibáñez Guzmán, Ernesto Cavelier, José Francisco Chalela, Miguel Pérez García, Jairo Rivera Sierra, Jaime Cerón Coral, Rafael Forero Contreras, Liliana Estupiñan Achury, Hernando Herrera Vergara, Fernando Mayorga García, Hernando Roa Suarez, Jaime Bernal Cuellar, Carlos Ignacio Jaramillo, Ilva Myriam Hoyos Castañeda y Cándida Rosa Araque de Navas.

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