Una vez más el escándalo por la interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas, magistrados y dirigentes políticos que perpetró el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene eco en el ámbito internacional.

Esta vez por cuenta de un editorial del influyente diario estadounidense The Washington Post, según el cual recursos girados por la Casa Blanca al gobierno Uribe habrían sido utilizados para esas operaciones de espionaje ilegal.

No es la primera vez que esa información sale a la luz pública. Hace dos años ya había sido denunciada esta situación e incluso ese fue uno de los principales condicionamientos de Washington para sus aportes al Plan Colombia: que por ninguna razón parte esos dineros llegaran al DAS. 

Entonces, por más que ahora algunos sectores indiquen que el flanco externo del escándalo de las chuzadas se complicó y que la situación del ex presidente Álvaro Uribe será más difícil en el ámbito internacional, lo cierto es que ya el Congreso de Estados Unidos lo debatió. 

Se olvida en muchos sectores que este asunto de las interceptaciones y seguimientos a dirigentes opositores, magistrados y periodistas críticos del gobierno anterior ya fue analizado por los senadores y representantes estadounidenses en los últimos dos años, cuando estaba en discusión el presupuesto de asistencia extranjera, dentro del cual figura el Plan Colombia.

Igual no pocas ONG internacionales y con mucho eco en el Parlamento de EU hicieron lobby ante los partidos Republicano y Demócrata para que, a raíz de hechos tan graves como la parapolítica, los falsos positivos o el espionaje ilegal del DAS, fuera suspendida toda ayuda a Colombia o, en su defecto, aplicaran de forma más drástica las cláusulas de condicionamiento en derechos humanos que deben cumplir los países que reciben esos recursos de Washington.

Así las cosas, por más eco político en nuestro país que tenga el editorial de The Washington Post en realidad en los círculos de poder de EU no habrá mucha repercusión, excepto para aquellos sectores parlamentarios y ONG que insisten en reducir drásticamente y bajo cualquier excusa los fondos de asistencia extranjera de la Casa Blanca. No hay que olvidar que desde hace cuatro años, finalizando el gobierno Bush y luego en el mandato Obama, los aportes norteamericanos al Plan Colombia se han ido marchitando progresivamente.

Además, en el plano político, Uribe ya no está en el poder y cualquier sanción recaería sobre la administración Santos, algo que la Casa Blanca no aceptaría. 

Otros frentes

Tanto en 2009 como en 2010 no fueron pocos los dirigentes del Polo y otros sectores antiuribistas que insistieron en que el de las chuzadas era un delito de Estado y que era evidente que con Uribe en el poder la justicia difícilmente podría avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos, sus autores materiales e intelectuales, en especial el grado de responsabilidad presidencial. 

Desde esa óptica se ha maniobrado en tres frentes distintos. De un lado, varios de los espiados, incluyendo a periodistas, dirigentes de izquierda y la propia Corte Suprema de Justicia, han acudido a la Corte Interamericana de Derechos tanto para denunciar la situación como para exigir mecanismos de protección. 

En varios casos, la CIDH ha impartido esas medidas cautelares e instado al Estado a proteger a los denunciantes. Los procesos que cursan allí por el caso de las chuzadas siguen avante pero todavía no hay sentencias consecutivas contra Colombia, que obliguen a la respectiva reparación y la solicitud de perdón institucional.

Igual, el escándalo fue llevado a la ONU, no sólo a nivel de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sino también en otras instancias relacionadas con temas como los de tortura, de libertad de opinión y expresión así como de garantías para la justicia y los abogados. Cada una de esas oficinas y comités se pronunció en su momento, condenando el espionaje ilegal, más aún por provenir de una dependencia oficial que depende directamente de la Presidencia de la República, y exigiendo del Estado y la Justicia castigo drástico y ejemplar a los responsables.

Sin embargo, para quienes esperaban que dichos pronunciamientos de Naciones Unidas dieran lugar a la posibilidad de llevar a Uribe ante tribunales internacionales, no fue así. 

Aunque se ha insistido en algunos sectores que este espionaje ilegal, por las circunstancias y móviles, podría rayar en un delito de lesa humanidad, y que por lo tanto podría caer dentro de la órbita de la Corte Penal Internacional (CPI), lo evidente es que hasta el momento no hay nada en esa dirección y los expertos lo ven improbable, porque la tipificación del delito es muy ambigua y, en segundo lugar, porque la Justicia colombiana ha avanzado sustancialmente en la investigación y juzgamiento de los responsables directos e indirectos. Es más, muchas de las víctimas hoy son parte civil en esos procesos y demandaron a la Nación.

Además, así el proceso tenga muchas críticas por el perfil de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo real es que allí el ex presidente está siendo indagado al respecto.

En ese orden de ideas, la CPI no podría activarse no sólo por la dificultad en la tipificación de delito (¿espionaje ilegal es igual a lesa humanidad), sino porque la justicia local está actuando y no se puede hablar de justicia aparente o juzgamiento laxo.

Ni en Europa

En lo que hace al flanco europeo, pese a que en las revelaciones del escándalo ha salido a relucir la posibilidad de que se hubieran realizado seguimientos a personal diplomático, hasta el momento no ha pasado nada. Ningún país protestó oficialmente por esas denuncias y tampoco hubo retiro de embajadores o, por lo menos, un llamado a consultas. Es más, una denuncia penal en España que pretendía involucrar a Uribe, no prosperó.

Las ONG y los grupos de presión han tratado de utilizar este escándalo así como los de falsos positivos y parapolítica, para presionar al Parlamento Europeo para que ‘castigue’ al Estado colombiano. Sin embargo, nada concreto ha pasado y ni siquiera los intentos para que este tema bloquee la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea han fructificado.

Como se ve, por más grave que sea el asunto de las chuzadas, y la “empresa criminal” que se montó desde el DAS, las condenas a toda la cúpula del organismo, la destitución disciplinaria y el proceso penal al ex secretario General de la Presidencia, y el propio caso contra Uribe en el Congreso, hoy por hoy este pleito sigue teniendo sólo efectos y coletazos casi estrictamente en el plano local.

 

Hoy por hoy este pleito sigue teniendo sólo efectos y coletazos tangibles casi estrictamente en el plano local, más aún con Uribe fuera del poder.