La polémica que suscitó al final de la semana pasada el proyecto que radicó el Gobierno y que haría que quienes sean elegidos en los comicios territoriales de 2015, incluso podrían aspirar los actuales mandatarios, gobiernen por tres años en lugar de cuatro, con el objeto de que en 2018 se hagan todas las elecciones nacionales para unificar el periodo del presidente de la República con el de gobernadores y alcaldes, apagó poder escuchar  las razones que llevaron a presentar esta iniciativa, alrededor de la cual todas las autoridades regionales están unidas.

Lo que hasta el momento se han escuchado son las voces críticas, especialmente en el Congreso, comenzando por lo señalado por el presidente de esta Corporación, senador José David Name, que este proyecto fue radicado “por cumplir una promesa de campaña”; o lo dicho por la senadora verde, Claudia López, quien dijo que “ofrece (el presidente Santos) promesas incumplibles y además inconstitucionales”.

Sin embargo esta semana, quienes defienden la iniciativa quieren hacer oír sus razones. Es el caso del I Encuentro Intergremial de Autoridades Territoriales (CIAT), que se realizará mañana en el Congreso de la República con el objetivo de presentarle al Gobierno Nacional y al Parlamento sus puntos de vista sobre esta reforma.

La directora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Gloria Lucía Escalante Manzano, aseguró que se trata de un hecho histórico. "Será la primera vez que todas las autoridades territoriales estarán en un mismo escenario gestionando mejores condiciones de gobernabilidad para sus regiones".

El CIAT está conformado por los alcaldes miembros de la Federación Colombiana de Municipios; los diputados de la Confederación de Asambleas y Diputados; los alcaldes de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales); los concejales de la Federación Nacional de Concejos de Colombia; la Confederación Nacional de Concejos y Concejales de Colombia; la Federación Nacional de Departamentos; el Consejo Nacional de Contralores y la Federación Nacional de Personeros.

Punto de vista jurídico

Uno de los juristas más respetados en el país es Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fue llamado para participar en la pasada cumbre de alcaldes con el objeto de que diera a conocer las consideraciones constitucionales sobre este tipo de propuestas de ordenamiento territorial.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, la primera claridad que hizo Sierra Porto sobre este proyecto es que “no es exactamente unificación, es racionalización de los periodos electorales porque constitucionalmente no se pueden hacer las elecciones todas el mismo día. La idea es concentrar el tiempo dentro del cual se van a hacer las elecciones para que se hagan con una secuencia en el menor espacio de tiempo”.

Añadió que la intención es que exista una independencia de parte de la opinión pública a la hora de votar por cada uno de esos niveles de gobierno, pero “por lo menos debería hacerse en un año electoral o un periodo de tiempo porque eso facilitaría, y esa es la propuesta que presentan las asociaciones de departamentos y de municipios, que se haga una acumulación de esas elecciones para que así pueda haber una mayor eficacia, una mayor agilidad en el gobierno de las entidades locales, que se pueda organizar lo que se hace en las entidades locales con la Nación en materia de planes de desarrollo, en materia de ejecución presupuestal”.

Ordenamiento territorial

El jurista Humberto Sierra Porto dijo que no se puede hablar de equilibrio de poderes en el país si no se equilibran los poderes de la Nación con los de las entidades territoriales. “En Colombia municipios pequeños en población pero extensos en territorio son los que ocupan la mayor parte del territorio nacional. Se habla que algunos de los municipios más grandes del país son equivalentes a países como Suiza, como El Salvador. Eso habla un poco de la dimensión territorial con municipios que tienen muy poca preparación para desarrollar sus actividades. Eso tenemos que corregirlo”.

Ley de Garantías

Una  de las mayores dificultades que tienen hoy gobernadores y alcaldes para desarrollar su gestión es que durante su periodo de cuatro años tienen que afrontar dos leyes de garantías, durante las cuales se restringe a su mínima expresión la contratación: una por las elecciones de presidente y Congreso y la otra por los comicios regionales.

Algunos sostienen que las dificultades que tienen los gobernadores y alcaldes para desarrollar su gestión por la Ley de Garantías quedarían superadas con la supresión de la reelección presidencial, como lo propone el proyecto de equilibrio de poderes y así fue aprobado en primer debate por la Comisión Primera del Senado.

Sin embargo, el jurista Sierra Porto recuerda que “la Ley de Garantías no es un problema, es una necesidad, tiene unas virtudes necesarias para lograr un equilibrio y una igualdad en el proceso electoral. La preocupación que he observado que se señala por parte de algunos mandatarios locales es esencialmente que corta la continuidad en el trabajo que ellos realizan. El hecho de que no hay una reelección por parte del presidente, no impediría que pueda haber esa Ley de Garantías. Es decir, la Ley de Garantías también tendría que hacerse dentro de una etapa previa a cualquier tipo de elección para que pueda ser eficaz”.

Periodos no coincidentes

Otro de los argumentos en contra de racionalizar los periodos electorales es que los 18 meses que en la actualidad hay entre el inicio de la gestión del presidente respecto al de gobernadores y alcaldes, es justificada por muchos en el sentido que de esta manera se garantiza que los mandatarios territoriales no sean de ‘bolsillo’ del  Jefe de Estado.

Sobre el particular Sierra indicó que “no se está hablando de que haya unanimismo, ninguna iniciativa puede proponer que haya una misma conducta, una misma filiación política en todas las entidades territoriales. Primero, eso no conviene al país, eso iría en contra de un sistema democrático, pero segundo tampoco se podría realizar aunque se quisiera porque la naturaleza de nuestra sociedad impide que se realice ese tipo de conductas. Y segundo, el hecho de que se concentren las elecciones no significan que se hagan el mismo día, en donde podría haber un mayor nivel de ese tipo de riesgo. Estamos hablando de un lapso que es relativamente sensato, unos tres o cuatro meses entre distintas elecciones”.

Beneficios

El jurista dijo que el principal resultado de racionalizar los periodos electorales es lograr una mayor eficacia de la administración, que haya coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y las obras que se van realizando en los departamentos y en los municipios. “La idea es que a mitad de camino de la gestión de los departamentos y los municipios, no se tenga que replantear los programas, los proyectos, los convenios que hay con el Gobierno porque se ha elaborado un nuevo Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.