Por convocatoria de la Procuraduría General de la Nación y de la Universidad del Rosario se llevó a cabo en la capital del país el foro “Alcances y retos de la política pública en cuidados paliativos en Colombia”, durante el cual expertos nacionales analizaron, desde diversas perspectivas, las condiciones actuales de este servicio, su relación con los derechos a la vida y la salud, y los vacíos en la política pública.

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se refirió a la esencia del concepto de los cuidados paliativos en relación con el alivio de los sí¬ntomas, del dolor y del sufrimiento en los pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas o están en la fase terminal, y manifestó su preocupación porque sólo el Instituto Nacional de Cancerología, algunas clínicas y hospitales, algunas universidades y la iniciativa privada son las instituciones que desarrollan este tipo programas: “La iniciativa privada representa más del 90% de la oferta de estos servicios”, aseguró.  

Señaló que la vida y la dignidad humana se encuentran catalogados normativa y jurisprudencialmente como derechos fundamentales y, en virtud de ello, es deber del Estado protegerlos sin entrar en consideraciones sobre el grado de vitalidad o de salud de la persona: “valorar la vida de las personas a partir de su situación externa, condiciones físicas o vulnerabilidad, en lugar de hacerlo por su dignidad inherente e inviolable, resultaría contrario a la protección debida de los derechos humanos”, advirtió, al tiempo que aseguró que resulta imposible sostener que respecto al derecho fundamental a la salud exista la posibilidad de un deber correlativo de practicar la eutanasia o interrumpir la vida: “Los médicos, enfermeras, psicólogos, entre otras disciplinas, han sido preparados y entrenados para salvar vidas, no para darles término”, señaló.

Gestión del Ministerio Público

El procurador destacó algunas actuaciones preventivas y de intervención que ha implementado este organismo de control en la materia. Por ejemplo, en consideración a que no se efectuó la reglamentación de la Ley de Cuidados Paliativos expedida el 8 de septiembre de 2014, cuyo plazo venció el 9 de marzo de 2015, el jefe del Ministerio Público interpuso una acción de cumplimiento, a partir de la cual el Consejo de Estado advirtió que los derechos de cuidados paliativos requieren una regulación especial y especifica.

Concluyó al señalar que en el ranking mundial de cuidados paliativos 2015 Colombia está de 68 entre 80 países analizados, lo cual significa que hace falta una verdadera política pública para que no sea tan baja la provisión de la oferta de estos servicios, lograr mayor disponibilidad de medicamentos para aliviar el dolor, tener más especialistas, hacer estudios de costo - beneficio, adelantar mayor promoción y prevención, evitar las barreras de acceso y tomar conciencia que lo civilizado es dar cuidados paliativos, no terminar con la vida de una persona.

Desafíos de la política pública

La directora del Instituto Nacional de Cancerología, Carolina Wiesner, destacó que el país cuenta con una ley de cuidados paliativos, sin embargo no están definidos los mecanismos o estrategias para su implementación y evaluación y planteó, al igual que varios panelistas, la preocupación por las debilidades en la formación sobre cuidados paliativos en las facultades de medicina. Al respecto propuso considerar cómo lograr que las universidades inicien un curso básico de cuidados paliativos en pregrados de medicina y enfermería y cómo lograr que las especialidades médicas tengan un curso avanzado en esta materia. 

Durante los paneles del foro se debatieron aspectos como la falta de una red de atención en cuidados paliativos, la dificultad para el acceso a los medicamentos opioides en gran parte del territorio nacional, la preocupación porque se reglamente el servicio de cuidados paliativos “por cumplir” sin el rigor técnico y científico que el tema requiere, y los obstáculos en materia financiera, entre otros.

Los expertos concluyeron que el tema de los cuidados paliativos se relaciona directamente con la dignidad humana y está en el núcleo mismo de la medicina, que la ley no es en sí misma la política pública, y que sin contar con profesionales en medicina que conozcan el tema y con especialistas suficientes para la demanda de servicios, no habrá política pública que valga.