¿Es necesario el principio de oportunidad para la Ley de Víctimas? | El Nuevo Siglo
Miércoles, 19 de Septiembre de 2012

La semana pasada la Corte Constitucional declaró inexequible el principio de oportunidad  que otorgaba la Ley de Víctimas a los testaferros que confesaran el origen de las tierras que poseían.

 

El Alto Tribunal consideró exagerado el beneficio porque desborda los principios de la Ley, pudiendo dar pie a la impunidad. Además, los magistrados consideraron que el principio de oportunidad iría en contra de los pilares de verdad y justicia a favor de las víctimas.

 

A pesar del revuelo que causó la noticia, el Gobierno a través del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, expresó que el proceso de restitución de tierras no se afectará.

 

Según Sabogal, “lo que fue declarado inexequible tenía por objeto agilizar los procesos judiciales y administrativos, esto no lo detendrá. El proceso fluye normalmente” y agregó que aunque el artículo 120 de la Ley 1448 de 2011 tenía por objeto agilizar los procesos judiciales y administrativos la decisión no se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la norma.

 

Sin embargo, la noticia no ha sido tan bien recibida por algunos conocedores del tema, para quienes la decisión afecta un principio fundamental que contribuye a esclarecer temas de la justicia. El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, es uno de los que se opone a la decisión.

 

“En Colombia tenemos una justicia premial; es decir, que el que colabora puede recibir beneficios y lo que necesitamos en materia de recuperación de tierras es ser efectivos. Yo respeto el fallo, pero le hace un daño enorme a este proceso”, dijo Velasco.

 

El senador agregó que el sistema penal que actualmente se utiliza en el país es traído de Estados Unidos y en ese orden de ideas en ese país las personas que cometen delitos pueden negociar administrativamente con la DEA, el Senador dijo que en algunos casos los sindicados ni siquiera van ante un juez y tienen la posibilidad de quedarse con sus bienes a cambio de colaborar con la justicia del país.