Un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso declara al 13 de marzo como el Día Nacional del Alcalde, fecha emblemática, pues en ese día de 1988 se hizo la primera elección popular en Colombia. A propósito de esta celebración, ¿cuál es la situación de estos servidores públicos en la actualidad?

Hasta el año 1985 los alcaldes eran designados a dedo por los gobernadores y con base en los acuerdos políticos a que llegaran con parlamentarios y diputados del departamento. En ese sentido era de imaginar el grado de politización que alcanzaba el cargo de alcalde, en donde el mandatario de turno en muchos casos respondía más a los intereses de quien o quienes lo pusieron en ese despacho, que de la comunidad para la que debía gobernar.

En ese escenario había una gran inestabilidad en el cargo, al punto que hubo casos de alcaldes que duraron unas pocas semanas e, incluso, días.

Sin embargo en el año 1986 durante el gobierno del conservador Belisario Betancur se estableció la elección popular de alcaldes por medio del Acto Legislativo 01 de 1986, reforma que al lado de la Constitución de 1991 son calificados por muchos como los hechos más revolucionarios desde el punto de vista político del siglo XX.

La importancia de este hecho para el país propone exaltar al senador Juan de Jesús Córdoba (Partido Conservador) con la iniciativa de declarar el 13 de marzo como Día Nacional del Alcalde, que además exalta la memoria de quienes han muerto en ejercicio de sus funciones, proyecto que ya fue aprobado en sus dos primeros debates en la Comisión Segunda y la plenaria del Senado.

No ha sido valorado suficientemente

En la actualidad en Colombia hay 1.102 alcaldes municipales y distritales, los cuales fueron elegidos en los comicios de octubre de 2011 y que estarán en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2015, a no ser que alguna decisión de los organismos de control o por la vía de la revocatoria del mandato, la comunidad propicie su salida.

Frente a la situación que viven los alcaldes en Colombia, el director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, dijo que “el papel de los alcaldes y alcaldesas de Colombia, de pronto no ha sido adecuadamente  valorado por el común de la gente, porque entre otras cosas el país no tiene memoria, no nos acordamos que antes que tuviéramos alcaldes por elección popular, los municipios estaban sometidos a la administración de unas personas que no tenían ningún arraigo, no tenían ningún compromiso con el municipio”.

En este sentido, Toro dijo que era un puesto más dentro de la burocracia al que muchos aspiraban ser nombrados. “Para estar uno dos meses, tenemos la historia de un alcalde que duró dos horas en su municipio, porque obviamente no iban a cumplir un papel de representantes de la comunidad sino de representantes de un grupo político”, expresó.

Añadió que la elección popular de alcaldes ha significado un desarrollo para el país, y a nivel municipal dijo que son los gestores en la búsqueda de desarrollo de las comunidades locales. “Los alcaldes y alcaldesas son servidores públicos que no tienen horario, que tienen que estar dispuestos todo el tiempo a tratar de resolver los problemas de una persona particular, como los problemas grandes de su municipio”. Añadió que “el alcalde en Colombia es el verdadero gerente del desarrollo, es el verdadero soporte de la democracia”.

Controles

Una queja que siempre han expresado los alcaldes es por el alto número de informes que  cada tanto tienen que presentar a entidades del poder central, al tiempo que tienen encima la permanente lupa de la Procuraduría y Contraloría ejerciendo su labor de control, más que necesaria en un país en donde la corrupción es uno de los flagelos que más golpea.

De hecho es importante el número de alcaldes que en la actualidad son investigados por los organismos de control por supuestas irregularidades, especialmente el tema de contratación.

Sin embargo en este punto Gilberto Toro hace hincapié que “no se concibe el poder local por parte de la política colombiana como una posibilidad de profesionalizar los gerentes del desarrollo económico local. Aquí un alcalde es elegido e inmediatamente, los detractores políticos se dedican a denunciarlo, a generarle tropiezos para que lo haga mal, para que de esa manera se creen las condiciones para que en el siguiente periodo elijan al representante de esos contradictores”.

Entonces, dijo, “aquí muchos organismos de control, creo que caen en el juego de escuchar personas que sin fundamento denuncian y se dedican a crear zozobra al alcalde, que tiene que estar permanentemente yendo a las oficinas de control” porque se parte de la base que los funcionarios son corruptos, “no de la buena fe, como lo establece nuestra Constitución”.

Periodo

El país tiene que pensar en un cambio fundamental en materia territorial, “como por ejemplo ampliar el periodo de los mandatarios o que haya reelección inmediata para todos, incluyendo a los alcaldes y gobernadores”, dijo Toro. Añadió que sería una buena manera de incentivar una gestión más eficiente y transparente, y la posibilidad de que los planes de desarrollo sean concebidos con una mirada de largo plazo para que no estemos haciendo y reinventando el municipio cada cuatro años y prometiéndole a la comunidad un montón de cosas que en cuatro años no se pueden hacer”.

Reforma integral

La administración Santos sacó adelante en Congreso la reforma al Código Municipal y está a la espera que este año pase lo mismo con el Código Departamental, en el sentido de definir las competencias entre lo nacional y lo regional y entregar más herramientas a los alcaldes para el desempeño de sus competencias.

Sin embargo, Toro dijo que las normas que se han aprobado han permitido algunos avances pero “yo creo que el país necesita una reforma integral, una reforma que permita evaluar lo que ha resultado bueno con la descentralización y la autonomía que tenemos en el país, y con base en esa evaluación fortalecer lo que ha sido positivo y superar lo que es negativo. Pero ese tema no se puede ir mirando en cada nivel de gobierno de manera separada. Uno no podría hacer una reforma que realmente impacte la administración pública de manera totalmente positiva si no mira las reformas que implica hacerle a la administración municipal, a la departamental e incluso a la relación de los gobiernos locales con el gobierno nacional”.

Seguridad

Fedemunicipios alertó que en los últimos meses se han incrementado las amenazas contra los alcaldes en diferentes regiones del país.

Al respecto Toro señaló que “el Estado ha avanzado muchísimo en proveer de seguridad cada vez más eficiente a los mandatarios locales, prueba de ello es que en 2000 asesinaron en Colombia 18 alcaldes, hoy tenemos que lamentar la muerte de un alcalde cada cuatro años, pero en este momento estamos sintiendo que hay una intranquilidad muy grande porque las amenazas se han venido incrementando, sobre todo en aquellos municipios que quedan muy cercanos a las guaridas en donde se esconden los violentos”.

En este momento hay cerca de 200 burgomaestres con medidas de protección a cargo del programa que lidera el Ministerio del Interior, en tanto que por lo menos 400 alcaldes han denunciado amenazas.