A los proyectos de implementación entregados por el Gobierno a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Procurador General presentó serias observaciones.

Según Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público, el formulario diseñado para el registro único de víctimas “presenta inconsistencias que constituyen un ‘cuello de botella’ para el registro de las víctimas si no se toman los correctivos apropiados”.

La Procuraduría manifestó que dicho formulario “es complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable”, y que además de esto contiene definiciones jurídicamente inexactas, que tiene un enfoque orientado especialmente a las víctimas del desplazamiento y que establece requisitos que la Ley no ha previsto.

Ordóñez agregó que: “El diligenciamiento de dicho formulario demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas, en promedio se elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas”.