En una visita de inspección a 10 hospitales de la red pública del Distrito Capital se detectó la retención de algunos pacientes que ya tenían orden médica de salida, pero que no contaban con el dinero para pagar la cuenta.

La Defensoría del Pueblo encontró una situación alarmante en la prestación de los servicios de urgencias de diez hospitales de Bogotá, en la cual los pacientes permanecen hasta 8 días en una camilla o una silla plástica y hasta 12 días en observación, cuando se supone que la atención en el servicio de urgencias no debería tardar más de 12 horas.

En un operativo humanitario realizado durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, encabezado por el Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez, un total de 40 funcionarios de la Entidad visitaron los hospitales Simón Bolívar, de Suba, Kennedy, Engativá, La Victoria, El Tunal, Chapinero, Meissen, Santa Clara y San Blas, establecimientos de segundo y tercer nivel de atención.

En tres de esos centros asistenciales (Simón Bolívar, Suba y Engativá) los funcionarios de la Defensoría del Pueblo debieron intervenir ante la retención de algunos pacientes que ya tenían orden médica de salida, pero les cerraron las puertas porque no contaban con el dinero para pagar la cuenta.

En general, hay insuficiencia en la red de prestadores de servicios de salud por sobrecupo en camas (en observación llega al 57%) y dificultades en el recurso humano, tanto de médicos generales como de especialistas. Incluso, a pesar de que los centros médicos por ley deben tener un Jefe o Coordinador de urgencias, la mayoría no cuenta con este recurso.

También existen grandes dificultades en las remisiones de pacientes a centro médicos de tercer nivel por falta de camas. Por ejemplo, se encontró el caso de una paciente de 72 años en el Hospital de Engativá con una emergencia extrema por presentar un accidente cerebro vascular hemorrágico, y luego de 24 horas de espera permanecía sin remisión al servicio de neurocirugía.

Así mismo, en el Hospital El Tunal, hay pacientes con diferentes tipos de cáncer esperando exámenes especializados desde hace más de un mes. En el caso de Caprecom EPS, las remisiones se hacen más difíciles por falta de agilidad en la comunicación y demora en las autorizaciones.

Los usuarios del servicio de salud se quejaron de la atención del personal administrativo pero se mostraron satisfechos con el trato de los médicos. En una encuesta realizada durante esta jornada los pacientes indicaron a la Defensoría del Pueblo que su nivel de satisfacción con su Entidad Promotora de Salud (EPS) era del 54%.

Los niveles de satisfacción con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) (centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos), son menores porque apenas el 45% de los pacientes manifestó estar satisfecho.

Ante este difícil panorama, la Defensoría del Pueblo le recomendó a la Secretaría Distrital de Salud elaborar y ejecutar a la mayor brevedad, con base en un estudio de oferta y demanda, un programa de desarrollo de servicios que garantice suficiencia de la red en salud para la capital del país.

Durante la jornada, la Defensoría del Pueblo también realizó una intervención humanitaria en el hospital San Blas, debido a que la comunidad protestó por el represamiento en la atención de urgencias puesto había sobrecupo por la atención de otros 20 niños intoxicados con alcohol metílico, en medio del episodio que desde el fin de semana involucró a estudiantes del Colegio Atenas. La situación fue controlada gracias a la intervención de la Entidad.

De otro lado, la Defensoría encontró como preocupante que solo 9% de los usuarios encuestados dijo conocer la carta de derechos y deberes de los pacientes 'Conozco mis Derechos y Deberes', en la que se consignaron 23 derechos y 6 deberes para que los ciudadanos los conozcan y exijan ante las distintas entidades de salud.

Al respecto, una de las primeras recomendaciones es que la promulgación de la carta de Derechos y Deberes en los servicios de salud por sí sola no es suficiente, y es necesaria su amplia divulgación, promoción, aplicación y respeto por todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.