Faltan cerca de 100 miembros de esta bacrim por ser detenidos.

Con el propósito de evitar que les sean expropiados los bienes que aparecen a sus nombres o de sus familiares, los integrantes del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, Erpac, se están valiendo de notarios.
Así lo indicó el fiscal cuarto de la Unidad contra las bandas criminales, Bacrim, quien dijo que el Erpac con el fin de proteger varios bienes sometidos a extinción de dominio utiliza notarios quienes hacen el cambio de escrituras para salvar los inmuebles.Según los investigadores se trata de una empresa criminal conjunta que tiene un componente logístico complejo y delicado que pone en riesgo la estabilidad del país, ya que está organizada no sólo para delinquir sino para evadir a la justicia.
De acuerdo con el fiscal del caso, esa organización ilegal ha logrado traficar estupefacientes a gran escala logrando nexos con China, Centroamérica y el Caribe, entre otros lugares.
“Cuenta con sistemas de comunicación sofisticados como radios punto a punto y redes de información para eludir a la fuerza pública con integrantes urbanos y rurales. Son soldados logísticos que fungen como mensajeros, campaneros, escoltas e informantes quienes ponen en peligro a la sociedad entera”, sostuvo el funcionario judicial.
Estos detalles se conocieron durante la audiencia donde fue enviado a prisión José Onofre Fernández Bermúdez, el primer integrante del Erpac que fue capturado luego de haber quedado en libertad tras entregarse el pasado 23 de diciembre en el parque las Malocas de Villavicencio.
Así mismo, ayes se dijo extraoficialmente que ya han sido detenidos 175 de los 267 miembros del Erpac que habían quedado en libertad tras someterse a la justicia.
Según fuentes de la Fiscalía, los que faltan por detener son buscados por las fuerzas de seguridad con base en órdenes de captura que la misma entidad judicial emitió desde el pasado 26 de diciembre, dos días después de que todos ellos fueron dejados en libertad.
El sometimiento se produjo del 22 al 23 de diciembre pasado en un recinto campestre cercano a Villavicencio.
Del total, 17 quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los otros 267 fueron liberados por cuanto no tenían órdenes de captura en contra ni afrontaban procesos judiciales, según lo advertido por la Fiscalía General.
La masiva liberación causó polémica en el país por tratarse de miembros de una banda criminal, nombre dado en el país a grupos herederos de la disuelta organización paramilitar Auc.