De acuerdo con cifras del Presupuesto Nacional, por cada hora de deuda pública, los contribuyentes o el erario deben pagar 4.800 millones de pesos.
Esta situación se da, según el experto en deuda externa, Ángel Furlam, por el déficit anual del país.
Al calcular cuánto se paga al año, este monto se divide por la cantidad de días en el año y de ahí se pasa la conversión por días. Así se llegó a esta conclusión.
Para el argentino y conocedor del tema en Colombia, la deuda pública (se refiere a la obligación que adquiere un Estado con otro o con un organismo extranjero, como el Fondo Monetario Internacional), genera un efecto social devastador.
“Con este dinero se pueden hacer dos escuelas urbanas perfectamente equipadas para alrededor de 1.000 personas o 10 escuelas rurales con todo lo que estas necesitan, incluso se puede construir un hospital”, asegura.
Desde 1991, el crecimiento del endeudamiento ha sido continuo llegando en el 2006 a deber un monto de 36.000 millones de dólares. Esta cifra aumentó en 2011 a 72.000 millones y en 2013 subió la cifra hasta 94.000 millones.
De acuerdo con el abogado y profesor de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, “sigue incrementando el costo de la deuda a pesar de que Colombia es uno de los países que la paga anualmente de forma cumplida. Lo que pasa es que todo se basa en la especulación financiera”.
Ante la situación, el académico añade que “al quitársele al Gobierno la posibilidad de emitir con el Banco de la República para garantizar gasto público, le toca endeudarse con bancos privados y con organismos internacionales”.
Pagar este rubro es una prioridad para el Gobierno nacional, a tal punto que al firmar acuerdos extendidos y al aumentar las exigencias de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, se reducen los recursos para otras necesidades de corte más social.
“Un acuerdo extendido entre 2007 y 2016 hace que los entes territoriales pierdan hasta 56 billones de pesos para salud y educación. Esto quiere decir que se acaba el criterio de progresividad del gasto social a través de una imposición del FMI”, señala.
La política de sostenibilidad fiscal, con fallo de exequibilidad por la Corte Constitucional, es la que ahora también sustenta el hecho de que la prioridad en recursos nacionales sea dirigida al pago de la deuda y sus intereses; esa es la primera opción.
“Por ejemplo, los maestros ganan una prima que un ente territorial les estaba desconociendo, se puede aplicar el llamado incidente fiscal, que permite que se objete ese pago y no se daría el dinero. Así pueden acabar con reivindicaciones de la población”, señala Libreros.
Tanto el abogado colombiano como el experto argentino fueron invitados al Foro Internacional sobre la Auditoría de la Deuda Pública, que se llevó a cabo en la U.N. y que contó con la participación de otros conocedores del tema a nivel mundial, como el uruguayo Ramiro Chimuris Sosa, el argentino Alejandro Olmos y el canadiense Dittmar Mundel, entre otros.