Con el pronunciamiento de la Contraloría de Bogotá en torno a que los exconcesionarios del aseo en la capital del país deberán entregarle al Distrito los equipos que utilizaban para el servicio, las empresas quedan en el ojo del huracán.

En un control de advertencia, la Contraloría indica que falta gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para exigir la titularidad y disponibilidad de los bienes y elementos de la concesión del servicio público de aseo, cuyo vencimiento tuvo lugar en el año 2010.

Según el clausulado de dichos contratos, que se firmaron en el 2003 por el término de siete años, la remuneración a los operadores para la prestación del servicio público de aseo se hizo vía tarifa, es así como la estructura financiera de la concesión incluía la amortización de los bienes requeridos para la organización y puesta en marcha del servicio, como camiones compactadores y barredoras.

En este sentido, al finalizar los contratos, dichos bienes deberían haber pasado a ser propiedad del Distrito, pues según la cláusula de reversión establecida en la Ley 80 de 1993 “en los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que al finalizar el término de la explotación o concesión los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna”.