EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué una reforma constitucional que convierte la educación en derecho fundamental necesita un estudio de impacto fiscal?

ALEJANDRO GAVIRIA: Convertir la educación en un derecho fundamental tiene implicaciones fiscales. Tal vez la crítica más grande que pueda yo hacerle a esta reforma es que no existe un impacto fiscal, tampoco una reflexión profunda de fondo sobre cuáles son las otras reformas que se necesitan para garantizar que la educación sea un derecho fundamental.

Esta es una reforma que plantea unos objetivos sociales, pero el cumplimiento de ellos necesita instrumentos, en particular un aumento sustancial del gasto público en la educación. Y eso es lo que debe hacer un aval fiscal.

ENS: ¿Cómo analiza usted los alcances de esta iniciativa?

AG: Creo que es una iniciativa que recoge de alguna manera un consenso social en cuanto a que la educación sea prioritaria en las decisiones de gasto público de Colombia.

Pero siempre he tenido una preocupación con este proyecto y es que se plantea ese objetivo, pero no son claros los medios por los cuales se va a cumplir.

En los cálculos preliminares que he visto, muchos dicen que esta reforma puede costar a mediano plazo unos 40 billones de pesos. Las preguntas que siguen gravitando son ¿de dónde va a salir la plata?, ¿cuáles son los cambios o reformas presupuestales que se van a hacer?, ¿el país está pensando, por ejemplo, en ampliar su cobertura pensional de manera sustancial?

¿Eso es consistente en un marco fiscal de mediano plazo con esto que está sucediendo en la educación?, ¿cuáles van a ser las prioridades del subcontrato social de Colombia?

Entonces, esta es una reforma con la que es difícil estar en desacuerdo con los objetivos, pero invita es a saber cómo se va a cumplir.

¿Estatización?

ENS: Hay quienes sostienen que a través de este proyecto de acto legislativo y la futura reforma a la Ley 30 de Educación Superior, el Gobierno lo que quiere es estatizar el sistema de enseñanza en Colombia, ¿usted qué cree?

AG: No creo. Hay algunas preocupaciones puntuales, como la del artículo quinto, por ejemplo, donde el Gobierno quiere, quizá, inmiscuirse en algunos aspectos de la gobernanza de las instituciones privadas.

Pero no creo que de esta reforma surja una estatización. Busca, para decirlo de una manera más clara, acabar con el sistema mixto de educación superior.

ENS: Otra de las críticas a la plataforma de reforma a la educación que propone el Gobierno se refiere a que quiere acabar o restringir la educación privada en el país, ¿qué tan cierto es esto y cuáles serían sus implicaciones?

AG: Lo que uno encuentra en esta reforma es que la educación privada no parece existir. Hay un énfasis casi exclusivo a la educación pública, pero eso no significa necesariamente que el Gobierno vaya a acabar con la educación privada, cosa que no puede hacer, ya que la Constitución no se lo permite.

Calidad educativa

ENS: ¿Qué tanto se avanza en este proyecto de reforma constitucional y en el borrador de la reforma de la Ley 30 en cuanto a la calidad de la educación?

AG: No se avanza en ese tema. Creo que los temas de calidad de educación urgen políticas públicas más específicas que no hacen parte de una ley estatutaria.

Quisiera separar ese proyecto de reforma a la educación del de la Ley 30. Creo que son proyectos diferentes. El de la Ley 30, hay como dos iniciativas, una muy centrada en los artículos financieros, en los 86 y 87 de la Ley 30; otra que quiere ir un poco más allá y tocar los asuntos de gobernanza.

ENS: ¿Por qué pese a que la educación es el mayor rubro de destinación presupuestal, en las pruebas PISA y otras mediciones estandarizadas a los estudiantes colombianos les va tan mal?

AG: Una cosa es ser el mayor rubro o presupuesto en Colombia, comparado con otros sectores como salud o vivienda, y otra cosa es tener el gasto por habitante más grande de la región.

El gasto por estudiante en Colombia sigue siendo muy bajo, en el contexto de la OCDE, a pesar de que tenga el presupuesto más grande.

Además, quienes hemos estudiado el tema de la calidad de la educación sabemos que los recursos financieros no son suficientes para garantizar la calidad. Para eso se necesitan los incentivos correctos, las instituciones más adecuadas, capacidad para atraer la mejor gente, cosa que no pasa en este país.

Necesidades objetivas

ENS: Hay quienes consideran que a través de esta reforma a la educación lo que se quiere es responder a las exigencias de Fecode y no a las necesidades objetivas y urgentes del sistema educativo en Colombia, ¿usted qué cree?

AG: Creo que la reforma sí puede tener un objetivo político que no ha sido del todo claro, pero más que satisfacer las exigencias de Fecode lo que aspiran algunos de esos artículos de la reforma es garantizar el apoyo político al Gobierno del movimiento estudiantil.

ENS: ¿Cuál debería ser el norte de una reforma educativa moderna, realista y eficiente para Colombia en la tercera década del siglo XXI?

AG: No es una sola reforma, sino muchas las que hay que hacer. Hay cuatro aspectos importantes: Primero, garantizar los recursos suficientes que necesita una reforma al Sistema Nacional de Participaciones. Segundo, hay aspectos regulatorios que tienen que reformarse. En la educación superior se necesita un sistema de aseguramiento de la calidad, que está cooptando la innovación de las universidades.

Tercero, más que una reforma legal, los cambios tecnológicos están llevando a grandes transformaciones en el sector educativo y eso no está siendo parte de la discusión.

Y cuarto, tiene que ver con toda la política del Magisterio, de cómo se va a atraer el mejor talento humano al sector educativo, cómo se va a reformar el estatuto docente, que me parece un punto crucial.