EL NUEVO SIGLO: La Procuraduría acaba de emitir una alerta por la situación de orden público en el Caquetá, ¿qué está pasando?

HÉCTOR CUELLAR: Actualmente, se encuentran enfrentadas dos facciones de las disidencias de las Farc. Por un lado, la que comanda alias ‘Iván Mordisco’; mientras que, por el otro lado, la que lidera alias ‘Calarcá’.

Hay que recordar que esas facciones eran una sola, pero desde hace aproximadamente seis meses se ha generado una disputa territorial entre esta estructura de las extintas Farc.

Lo que antes era un solo cuerpo, un solo grupo, una sola disidencia, ahora se encuentra fraccionada en dos.

Básicamente, es un tema de control territorial, control de las economías ilícitas, principalmente, de los cultivos de coca y, por supuesto, la extorsión que ha venido creciendo en el departamento. Esa es, finalmente, la disputa. En medio, se encuentra la población civil que es la que está expuesta.

ENS: La Procuraduría también denuncia que hay una falta de respuesta del Gobierno ante esta difícil coyuntura de seguridad, ¿es verdad?

HC: Evidentemente, sí, porque se presentó una alerta temprana en su momento de la Defensoría del Pueblo. Esas alertas lo que buscan es precisamente que haya alguna respuesta efectiva por parte del Gobierno y de las entidades que comprometen a la misma, como lo puede ser precisamente el Ministerio de Defensa, entre otras tantas.

Cuando ya está ese nivel de compromiso de orden público ya la Procuraduría interviene una vez la alerta temprana se convierte en una alerta de consumación; es decir, que ya no hay nada que hacer porque es inminente la situación de riesgo, y lo que se debía haber hecho de manera preventiva, no se puede ahora resolver.

ENS: ¿Qué tan grave es la amenaza de las disidencias?

HC: Es tan grave que han desplazado cerca de 250 familias del sector del medio Caguán y de las veredas del Guamo, principalmente. Está prohibido el transporte fluvial, lo que implica la incomunicabilidad de esa población que está sobre la ribera del río Caguán. También se hace difícil poder obtener sus víveres, sus productos de primera necesidad, sacar sus productos como lo es la leche y el queso; y movilizar a los enfermos.

Entonces, realmente es algo grave porque se encuentran marginados bajo esta amenaza que es real y concreta.

ENS: ¿Cómo está afectando el confinamiento impuesto por los grupos armados y qué acciones urgentes deberían tomarse para aliviar esta situación?

HC: Afecta esta situación todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, de poder tener medicamentos para los enfermos, de poder extraer también a personas que tengan alguna urgencia médica.

Obviamente, esto genera un riesgo inminente para la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres víctimas y población en general.

El día de hoy ya se ha adelantado una actividad. Sabemos que estuvo en el terreno el gobernador de Caquetá con el defensor del Pueblo, precisamente llevando unos víveres, una ayuda humanitaria para salvaguardar la integridad física de quienes asisten a esta jornada de asistencia humanitaria.

Esperemos que el Gobierno reaccione de manera puntual, oportuna y pronta. Lo que está pidiendo la población es que exista control territorial por parte de la Fuerza Pública que es la legitimada, según nuestra Constitución Política.

Cambios

ENS: La Procuraduría menciona la falta de articulación entre el Gobierno y las administraciones departamentales y municipales. ¿Qué cambios son necesarios para mejorar la coordinación institucional en escenarios de crisis como este?

HC: Cuando se han adelantado en el Caquetá los consejos de seguridad que han sido varios, donde ha estado el ministro de la Defensa, más allá de escuchar y tomar nota, se adelanten acciones contundentes y puntuales para que esa articulación sea efectiva.

De lo contrario, solamente será una foto más de la reunión que se hace de manera urgente cuando ocurre algo de fuerza mayor, quedando esa misma foto y firmas del acta de la reunión para el recuerdo.

ENS: ¿Cómo le ha ido al Caquetá con la accidentada política de ‘paz total’ en estos dos años del gobierno Petro?

HC: Muy mal. Nosotros no hemos visto ningún beneficio. La extorsión está en aumento, en algo más del 250%. Volvemos a tener zonas vedadas para el ingreso de la Fuerza Pública, obviamente por el cese al fuego, pero también para la población civil.

Nuevamente están colocando condiciones como carnetizar a los miembros de una acción comunal, no conducir con casco los motociclistas, no conducir con los vidrios arriba.

Están imponiendo la ley estas estructuras ilegales y pareciera que el Estado se queda inerme y estático para poder reaccionar y evitar que sigan tomando fuerza, sigan creciendo en número, sigan actuando de manera ilegal y, sobre todo, sigan generando el temor en la sociedad.