Desde el año 2013, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acompañado a las familias de los jóvenes Kemel Arteaga Cuartas y Andrés Garzón Lozano, quienes habrían sido víctimas de ejecución extrajudicial, en la modalidad llamada en Colombia “falso positivo”.

 

Según la información recibida por la Oficina, los jóvenes Kemel y Andrés, el 28 de marzo de 2007, en horas de la madrugada, en el municipio de El Yopal, Casanare,  fueron retenidos ilegalmente por tropas pertenecientes al Batallón de Infantería “Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, de ese departamento. Un par de horas más tarde, en el municipio de Maní, los jóvenes fueron presentados como miembros de bandas criminales y extorsionistas muertos en combate por la mencionada tropa. Al momento de su muerte los cuerpos de Kemel y Andrés fueron enterrados como personas no identificadas, NN, en el cementerio de Maní.

 

Kemel Arteaga era un artesano y Andrés Garzón, a quien llamaban el punk, se dedicaba a labores de mecánica en el municipio de El Yopal. A los dos los unía la amistad y el gusto por la música.

 

La lucha de los familiares por hallar la verdad y reclamar su derecho inalienable a saber el paradero de sus seres queridos y las motivaciones de su muerte, duró más de 7 años. En diciembre de 2014, finalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, constató que las dos personas en condiciones de no identificados (NN) presentados por las tropas del Ejército Nacional como delincuentes abatidos en combate correspondían a los dos jóvenes trabajadores retenidos ilegalmente en el municipio de El Yopal.

 

Ahora sus familiares saben que las muertes de Kemel y Andrés hacen parte de la práctica generalizada de ejecuciones extrajudiciales conocida como “falsos positivos” y esperan que la justicia ordinaria pueda sancionar a los militares, de distintos rangos y responsabilidades, comprometidos con estos homicidios.

 

La Oficina hace un reconocimiento público a las familias Arteaga Cuartas y Garzón Lozano por la lucha y persistencia en la búsqueda de sus familiares, y extiende el reconocimiento a las familias que aún transitan el camino tortuoso de la incertidumbre por los más de 19.000 desaparecidos y desaparecidas presuntamente forzados. Algunos de estos desaparecidos podrían estar en las mismas condiciones en la que estuvieron Kemel Arteaga y Andrés Garzón.

Como parte de ese reconocimiento se reproduce a continuación apartes de las palabras de las víctimas: “Los familiares de las personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente no aspiramos a restablecer la normalidad en nuestras vidas, porque el daño perpetrado a nuestro ser querido se potencia en nosotros por los años de incertidumbre, la creciente angustia de la desesperanza y los cierres fríos, burocráticos y sumarios que dan por cancelada una vida inocente.

“En tanto reparación queremos protección y consideración para con la madre de la víctima, con el hijo menor que no logra comprender (aunque los adultos entendamos tan poco como los niños) la brutalidad y crueldad de lo ocurrido y que ahora tiene que reencontrarse con su padre en la forma de restos objetos de una investigación que no da descanso a su memoria. Es necesario el acompañamiento psicológico y legal adecuado. Avances en el proceso judicial para aclarar las oscurísimas circunstancias en que la persona perdió la vida y que no se diluya en el tiempo, en los relevos institucionales, ni en los subterfugios de las partes responsables.

“Por último deseamos y exigimos no más prórrogas ni cortapisas en esta complicada y dolorosa diligencia. El camino a la paz personal y familiar depende de finalmente hallar el descanso a tanta incertidumbre y espera.”

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera su preocupación por la falta de mecanismos expeditos que faciliten la búsqueda de las personas desaparecidas, la recuperación y entrega de los cuerpos o restos en condiciones de dignidad a sus familiares; la poca celeridad con la que avanzan los procesos judiciales y, por consiguiente, la falta de sanción a los  responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

 

A la fecha, en este proceso, hay 9 personas con medida de aseguramiento investigadas por el delito de desaparición forzada, homicidio agravado y otros delitos conexos.

 

Próximamente, la Fiscalía 95, de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, realizará la entrega de los restos de Kemel y Andrpes en una ceremonia liderada por las familias, personas cercanas a las víctimas y el acompañamiento de esta Oficina.