El 16 de julio de 2013, ante un grupo de 30 guerrilleros del Eln que entregaron sus armas en Cali (Valle del Cauca), el Presidente Juan Manuel Santos  -en compañía del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón- pronunció las palabras con que definió lo que ha sido su doctrina al interior de la Fuerza Pública: “los Derechos Humanos deben convertirse en una prioridad. En primer lugar con la desmovilización, en segundo lugar con las capturas y, en tercer lugar, si es necesario, dando de baja a los miembros de los grupos terroristas”.
 
Producto de dicha modificación en la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa Nacional, entre 2010 y 2013 existió un aumento del 91 por ciento en la cantidad de guerrilleros que decidieron entregar sus armas y fueron capturados.
 
Fueron 6.398 combatientes de los grupos terroristas de las Farc y el Eln los que optaron por desmovilizarse en este lapso ante la ofensiva que iniciaron las Fuerzas Armadas, y la aplicación que ellas hicieron de la hoja de ruta de la política de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa, la cual enmarca lo que es el correcto comportamiento de los uniformados en el desarrollo de sus operaciones.
 
En 2014, un total de 1.241 personas entregaron sus armas, entre ellas 256 menores de edad, siendo, en su orden, los municipios de Tumaco (Nariño); La Uribe (Meta); La Macarena (Meta); Vista Hermosa (Meta), y Montañita (Caquetá) donde hubo mayores desmovilizaciones.
 
La expedición de dicha política de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Defensa desde 2008 –año en el que dio sus primeros pasos–, ha contribuido desde entonces en la integración de los Derechos Humanos y el DIH con la táctica y la lógica operacional de las Fuerzas Militares y de Policía.
 
En busca de este objetivo se destaca el trabajo realizado entre el Ministerio y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para la capacitación de uniformados sobre la correcta aplicación de los Derechos Humanos y el DIH por parte de los miembros de la Fuerza Pública.
 
De hecho, un informe reciente de la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa revela que con la cooperación de expertos del CICR, en los primeros tres años de gobierno del Presidente Santos, fueron ejecutados 46 talleres de aplicación del DIH en operaciones de combate; misiones médicas, y uso de la fuerza.
 
De esta manera, Colombia se ha convertido en un país exportador de capacitación en defensa de los Derechos Humanos,  preparado entre 2012 y 2013 un total de 362 militares de países como México, Honduras, Guatemala, Chile, Brasil, Panamá, Haití, Argentina y Canadá.