"Quedó prohibido que cualquier entidad del Gobierno pida cualquier documento autenticado”, dijo la consejera para el Buen Gobierno, María Lorena Gutiérrez.

La funcionaria indicó que el decreto-ley que elimina decenas de trámites engorrosos, se planeó luego de seis meses de consultas con ciudadanos a través del mecanismo conocido como urna de cristal.

"Este es un proceso muy interesante (...) porque identificamos los trámites más susceptibles para los ciudadanos que son todos los que están en este decreto ley, como la revisión técnicomecánica, la libreta militar, el certificado de supervivencia o el certificado judicial deja de existir", manifestó.

Así mismo señaló que es importante trabajar de la mano con las superintendencias para que el sector privado también se una a esta 'cruzada antitrámites' como la ha llamado el Gobierno Nacional.

"El sector privado puede seguir pidiendo autenticaciones, pero hay un gran compromiso de los superintendentes para que estas reglas del sector público se apliquen en el sector privado", comentó.