Las instituciones públicas están obligadas a cumplir las disposiciones para generar un ambiente laboral sano para los servidores públicos. Así lo recordó la oficina de la Función Pública al cumplirse hoy 10 años de la expedición de la Ley 1010 de 2006.

“Invitamos a todas las entidades públicas, y en especial a sus directivos, a cumplir las disposiciones de esta norma y a propiciar una cultura organizacional sana para todos los servidores. El país ha avanzado en los casos de acoso laboral, tema que es cada vez más ajeno en la administración pública, en donde hemos ganado una conciencia relacionada con la importancia de tener una buena cultura de la productividad y del trabajo en equipo”, manifestó Francisco Camargo Salas, director de Empleo Público de la Función Pública.

Con el propósito de contribuir en el diseño de un entorno de trabajo adecuado, la Función Pública brinda asesoría a las entidades públicas, a nivel nacional y territorial, en la implementación de estímulos para empleados del Estado, a través de planes de incentivos y de bienestar (deportivos, recreativos, artísticos y culturales; prevención en salud, promoción de vivienda y educación formal, entre otros).

Así mismo, es impulsora de programas y estrategias que propenden por el crecimiento del servidor público en diversos aspectos, como solución concertada de conflictos al interior de las entidades, promoción del teletrabajo, flexibilización de la jornada laboral, divulgación de información sobre becas de estudio y el programa de bilingüismo, el cual se lleva a cabo en conjunto con el SENA.

La Función Pública también fomenta la vocación del servicio a través de campañas donde se exalta la labor de los servidores públicos, así como las experiencias exitosas de la administración pública, como lo son “Me Siento Orgulloso”, “Gestor de Paz”, “Cuadro de Honor” y “Buenas Prácticas”, en el portal “Sirvo a mi País”.

La Ley fue expedida con el propósito de “prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas”, comportamientos con los que se busca desmotivar al empleado o a inducir a su renuncia.