Con el anuncio de que se cayó el preacuerdo de la Fiscalía con el polémico contratista Julio Gómez, por error en imputación de cargos, y el aplazamiento para el martes de la audiencia al exalcalde Samuel Moreno, sigue enredado el proceso por el ‘carrusel’ de la contratación.

Ayer el Tribunal Superior de Bogotá llamó la atención a la Fiscalía para que tome las medidas necesarias y recupere los dineros. Para el magistrado Luis Fernando Ramírez, la Fiscalía le realizó mal la imputación de cargos al procesado por el denominado ‘carrusel’ de los contratos en Bogotá.

Con dicha decisión del Tribunal, la Fiscalía deberá volver a imputarle cargos a Gómez, incluyendo los de celebración indebida de contratos y cohecho propio.

Según el magistrado Ramírez, el no haber imputado los hechos genera una mayor pena, pues se hace un preacuerdo como si se tratara de conductas delictivas insignificantes.

A su turno, el juez encargado de conducir la audiencia contra Moreno Rojas por el ‘cartel’ de la contratación determinó suspender la diligencia hasta el martes a las 2:00 de la tarde.

Los problemas de salud de Jesús Vergara, abogado del exalcalde Moreno, llevaron a que el juzgado en donde desde las 11 de la mañana del lunes se adelantaba la audiencia a Samuel Moreno, pidiera la asistencia médica por parte de la Secretaría de Salud del Distrito, la que diagnosticó que debía guardar reposo por varias horas.

Durante la sustentación de la medida de aseguramiento, el fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el ex alcalde no estaría incumpliendo las reglas de la detención en la Estación de Carabineros de la Policía, esto debido a unas fotos de una celebración de cumpleaños en el sitio de reclusión.

Contra el ex alcalde

Entre tanto, el Juez 21 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del ex alcalde Moreno Rojas, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor y peculado por apropiación en favor de terceros en la ejecución de obras de la Fase III de Transmilenio.

El operador de justicia acogió la solicitud de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien aseguró que la medida cumple con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, toda vez que se busca evitar la obstrucción al debido ejercicio de la justicia.

Según el delegado fiscal, el ex mandatario distrital podría influir en los testigos o funcionarios que rindan declaración en este proceso por irregularidades en la contratación de obras para Bogotá. Al hacer un examen constitucional sobre la necesidad de la medida subrayó que los procesos que se adelantan en contra del ex alcalde son similares, aunque con sustanciales diferencias que serán probadas en juicio.

“En el ejercicio de su cargo debió ser garante y responder por todos los ciudadanos que votaron por usted, en hechos como la contratación de la malla vial de la ciudad”, sostuvo el funcionario judicial.

De acuerdo con el fiscal del caso, en la administración de Moreno Rojas fueron adjudicadas obras con pliegos amañados, cuyos sobrecostos superaron los 190 mil millones de pesos, para lo que fueron colocados estratégicamente funcionarios y directivos del Instituto de Desarrollo Urbano (Idu).

Concluyó que fue vulnerado el Contrato 137 de 2007 mediante adiciones que generaron sobrecostos con lo que se varió el objeto, el valor, el plazo, y se generó un nuevo contrato.

El Juez 21 no tomó ninguna decisión frente a la solicitud de la Fiscalía de trasladar a Moreno Rojas a un centro de reclusión. El argumento del fiscal es que el exalcalde aún es influyente en la sociedad y puede ser un peligro para la investigación y para la comunidad.