Los líos jurídicos que ha tenido que enfrentar el Gobernador Álvaro Cruz por su presunta participación en el desfalco millonario conocido como el ‘Carrusel de la contratación’ocurrido bajo el mandato de Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá, no da tregua y cada vez parece estar más contra la pared.

Ayer delegados del CTI llegaron sin previo aviso a su despacho a realizar una inspección luego de conocerse que al parecer figura como representante legal de una empresa que recibió millonarios contratos para la reparación de la malla vial de la capital.

Al respecto se pronuncio el empresario cubano Manuel Dorta Duque quien sería uno de los testigos claves en la investigación que se adelanta en contra del mandatario Cruz, el hombre manifiesta que cuenta con el material probatorio  suficiente para demostrar que es dueño de la firma ICM, contratista salpicada por el polémico escándalo y mencionada por quienes planearon el robo, Manuel Sánchez, Julio Gómez y Emilio Tapia hoy recluidos en cárceles del País.