Luego de que se aprobara en tercer debate el proyecto de ley de Senado y Cámara “por medio de la cual se crea el tipo penal de lesiones personales, por uso de sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas (biopolímeros)”, se abrió la polémica.

Esta iniciativa regula el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes; se establecen medidas a favor de las personas víctimas de procedimientos médicos quirúrgicos con fines estéticos, que involucran la aplicación no permitida de dichas sustancias, y se promueven estrategias preventivas en la materia.

Este proyecto de ley, que ya había hecho tránsito por la Cámara de Representantes, con una votación unánime, fue promovido por la senadora Norma Hurtado Sánchez, del Partido de La U, y por la colectividad de Cambio Radical.

La senadora Hurtado Sánchez aludió a la salud como un derecho fundamental y un servicio esencial, siendo este el enfoque que quieren darle al trámite: “Este proyecto surge del clamor de muchísimas mujeres, y un grupo importante de cirujanos plásticos del país, ya que al tratarse de procedimientos de belleza, el sistema de salud no lo cubre y solo quienes cuentan con los recursos pueden extraer la sustancia", precisó.

Así mismo, se dio el espacio para que Elizabeth Loaiza y Lorena Beltrán, víctimas de la aplicación indebida de biopolímeros, dieran sus testimonios. Ambas evidenciaron un panorama de las consecuencias de estos componentes en el cuerpo de mujeres y hombres;  además del proceso arduo que se debe hacer para la extracción, el cual no es cubierto por el sistema de salud. Por medio de cifras, describieron la realidad de las víctimas e hicieron un llamado a la aprobación de esta iniciativa.

Sin embargo, el abogado penalista Iván Cancino estuvo en contra de este proyecto porque, según argumentó, todo lo que contiene esta iniciativa ya está contemplado en la ley. “Se llama lesiones personales con deformidad o perturbación y además hay un tipo penal específico que no han mencionado ni aplicado y son las lesiones con agente químico ácido o sustancias similares”, explicó.

El abogado sostuvo a La W que, por ejemplo, en el caso de Natalia Ponce, a quien le arrojaron ácido en la cara, se contemplan penas muy superiores a las que propone la senadora: de 150 a 240 meses. “Por ello, al crear el tipo específico de delito lo que están haciendo es disminuyendo la pena. No es algo positivo, eso ya está respaldado en la ley e incluso hay un tipo específico que es mucho más fuerte del que se quiere crear”, concluyó.