La Contraloría dejó en evidencia ante la Corte Constitucional un detrimento patrimonial por más de 144 millones de pesos del sector salud, el cual está relacionado con el sobrecosto de medicamentos, inconsistencias en recobros y factores antihemofílicos.

Alejandro Ordoñez, procurador general de la Nación, afirmó que uno de los mayores problemas del acceso al servicio de salud se basa en la falta de unificación de precios máximos de dispositivos, insumos, medicamentos y demás servicios del POS.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación dijo ante el alto tribunal que no existen mecanismos de verificación para saber si el servicio se prestó o si los medicamentos fueron o no entregados.