Tres semanas tendría la Comisión Primera del Senado para designar ponentes y mínimo dar primer debate a la iniciativa que busca castigar con cárcel a aquellas personas que sean encontradas conduciendo en estado de embriaguez y de esa forma lograr que el proyecto se mantuviera vivo hasta el primer semestre del próximo año para darle los debates restantes.

Sin embargo, el panorama no es tan fácil si se tiene en cuenta que en esta época del año comienza el trancón legislativo. A eso se le suma que el Congreso ha venido trabajando a un ritmo lento y que no es muy probable que los congresistas trabajen más rápido con temas que están en la agenda del Gobierno.

Una de las congresistas que más ha insistido en el tema, la representante del MIRA, Gloria Stella Díaz, se niega a que el proyecto quede nuevamente en el aire y cree que en estas tres semanas es posible que se logre avanzar en el trámite de la iniciativa.

“Nuestra gran preocupación es que viene una temporada de vacaciones donde mucha gente utiliza las vías del país para sus viajes, además es una época de festejos y festividades donde suele mezclarse el alcohol con la gasolina y por eso desde el Congreso de la República vamos a hacer un llamado a los legisladores en este sentido porque nuevamente si la ley no está en firme como queríamos, no se le ha dado siquiera el primer debate de discusión, no será extraño que las cifras de siniestralidad vial en esta temporada decembrina se incremente”, dijo la Representante.

“Puede que haya ánimo para discutir el proyecto, pero lo que pasa es que el tiempo se nos está acabando entonces no nos quedan muchas sesiones y tenemos muy pocos temas resueltos. Se podría aprobar en primer debate pero ya no alcanzamos a aprobarlo todo”, aseguró el senador Juan Carlos Vélez, de La U.

Para Vélez la propuesta sería más viable si las personas que fueran encontradas manejando en estado de embriaguez fueran castigadas con el arresto: “Yo creo que debería haber arresto para estas personas, no cárcel; y puede ser como hemos propuesto, en una cárcel para conductores”.

El senador liberal Juan Manuel Galán cree que al problema de quienes conducen en estado de alicoramiento debe ser resuelto de manera más integral, es decir, tener en cuenta estrategias como la suspensión de las licencias, sistemas de inmovilización de los vehículos, entre otras que permitan generar un cambio de cultura en el consumo de licor y conducir.

Galán además habló que la Corte Suprema “nos envío una misiva a las comisiones primeras de Senado y Cámara pidiéndonos que no aprobáramos más incremento a las penas ni tipificáramos nuevos delitos por el hacinamiento carcelario. Ese criterio hay que tenerlo en cuenta”.

De no ser tramitada la iniciativa, sería la segunda vez en el año en que se archiva un proyecto con este fin y parte de este fracaso habría sido el poco respaldo que ha recibido de instituciones tales como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

En su momento, el Defensor Jorge Armando Otálora dijo que no apoyaba la iniciativa y manifestó que la tarea era buscar formas de sanción que le dolieran más al ciudadano, a pesar de que reconoció que se trata de un tema grave para la sociedad dijo que lo mejor era “buscar medidas de manera planificada y sopesada, y no con un tema netamente coyuntural”.

En entrevista con EL NUEVO SIGLO, el fiscal general Eduardo Montealegre expresó su rechazo al proyecto de ley. “Cárcel para conductores borrachos bajo ningún punto de vista. Creo que en Colombia no hay condiciones para poder tipificar como delito la sola conducción el estado de embriaguez”, dijo.

Montealegre agregó que el país debe entender que no todos los problemas sociales se tienen que resolver por medio del derecho punitivo, “lo más nefasto para el país es que sigamos pensando que todos los conflictos sociales tienen que resolverse por medio del sistema penal”.

Otros en cambio, rechazan el proyecto de ley argumentando que según las cifras de Medicina Legal del 2011 las lesiones o muertes en el tráfico automotor ocasionadas por borrachos al volante fueron 1.871, es decir, un cuatro por ciento, frente a 17.208, un 36,9 por ciento, de lesiones o muertes que se causaron por el irrespeto a las señales de tránsito.