MIENTRAS EN los estrados judiciales se encuentran las demandas por la escogencia de los directores de los organismos de control en la capital del país, en los corrillos políticos se da como seguro que el Centro Democrático se quedará con la Personería y Cambio Radical con la Contraloría.

Al tiempo que ayer el concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, presentó demanda al acuerdo que reglamenta elección de contralor y personero por no cumplir la Ley 1551, la plenaria posesionó a Ligia Inés Botero como contralora encargada, tal y como lo anticipó EL NUEVO SIGLO hace ocho días, para ocupar el cargo hasta cuando se elija y se posesione el titular de esa dependencia, de acuerdo con la Resolución 222 del 12 de febrero de 2016, que determina el procedimiento de elección. Botero se desempeña como contralora auxiliar desde el 21 de febrero de 2012.

La convocatoria pública y el procedimiento de elección del contralor distrital de Bogotá observará de manera especial los principios señalados en el artículo 23 del acto legislativo 2 de 2015, que modificó el inciso cuarto del artículo 272 de la Constitución, que son transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género.

Cabe destacar que la mencionada resolución determina que del 22 al 26 de febrero de 2016, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las personas interesadas en ocupar el cargo podrán inscribirse ante la Secretaría General del Concejo.

La Secretaría citará a los aspirantes para ser escuchados por la corporación en sesión plenaria. Cada candidato podrá hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos y la misma se hará entre el 8 y 11 de marzo de los corrientes.

En este sentido, el primer vicepresidente del Concejo, Álvaro Argote, del Polo Democrático, denunció que no fue convocado a sesión de mesa directiva para discutir la resolución ni para firmarla.

“La conocí una vez publicada el día 12 de febrero y encuentro que en ella se hace caso omiso a lo establecido al acto legislativo 02 de 2015 y al concepto del Consejo de Estado del 10 de noviembre de 2015 en el cual prevé que para la elección de contralor debe darse cumplimiento por analogía al artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en la cual se debe cumplir con el concurso de méritos para la elección de dignatarios como contralor o contralora distrital”.

Para Argote, la resolución 222 es violatoria a la Constitución y a la Ley, porque “define la elección de contralor con una convocatoria y no con un concurso de méritos como lo consagró el marco jurídico vigente, toda vez que viola el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia en el que la Carta Magna es norma de normas y que sus disposiciones están por encima de cualquier otra norma jurídica. Y también el artículo 6: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”.

En este sentido, la concejala liberal María Victoria Vargas dijo que la Resolución 222 incurre en dos grandes falencias que de no enmendarse de manera inmediata pueden, a futuro, generar innecesarias dilaciones del proceso.

“Cualquier ciudadano podría interpretar que se están vulnerando derechos fundamentales o principios constitucionales, circunstancia que les habilita impugnar el mencionado acto administrativo, en cualquier etapa, a través de las distintas acciones de carácter constitucional y legal existentes, llegando incluso al extremo de proponer su eventual nulidad, con lo cual el Concejo se vería en la obligación de volver a repetir todo lo actuado”, señaló.

Así mismo, la bancada de la Alianza Verde presentó a la mesa directiva inconformidad en el procedimiento de la convocatoria pública para elegir cargo de contralor, porque viola la Constitución: “La resolución 222 de 2016 crea inhabilidades no establecidas en la Constitución o ley, como pedir a los aspirantes anexar la declaración juramentada en donde conste no ostentar la condición de servidor público”.