La crisis por la que atraviesa el Sistema de Salud y que tiene en proceso de liquidación a varias EPS del país, pone en situación de riesgo a la población en tránsito de una entidad a otra, sobre todo a quienes se encuentran en tratamientos por enfermedades crónicas o patologías de alto costo a quienes las EPS receptoras no quieren atender.

Así se lo hizo saber el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en una carta en la que le solicita explicar las medidas que viene adoptando el Ministerio para garantizar el derecho a la salud de los 3,3 millones de usuarios que serán sujetos de traslados masivos por liquidación de varias EPS.

Para la Defensoría, resulta muy preocupante que de las 24 EPS del régimen contributivo 5 están intervenidas y de las 46 EPS del régimen subsidiado 9 han sido intervenidas para liquidar (Solsalud y Humana Vivir, las más recientes), con lo cual sus pacientes han quedado transitoriamente desprotegidos mientras se realizan los traslados a las nuevas EPS receptoras.

Otálora Gómez fue enfático en afirmar que toda negación del servicio es una violación de los derechos de los usuarios y recordó el caso de José Ángel Chíquiza, quien murió en octubre de 2012 por la falta de continuidad en el tratamiento de diálisis que debía realizar la EPS Comfacundi, su nueva EPS tras la liquidación de la EPS Salud Cóndor a la que estuvo afiliado durante 5 años.

En aquel momento, el Defensor del Pueblo se mostró preocupado por la posibilidad de que este tipo de hechos se volvieran a repetir debido al sinnúmero de ciudadanos que no están siendo registrados o que no aparecen en las bases de datos de las EPS y que ante cualquier urgencia no recibirán atención.

Otálora Gómez prendió nuevamente las alarmas para que estas entidades acojan a todos los pacientes, justo en momentos que el Congreso estudia cinco proyectos de ley estatutaria en salud para definir el núcleo esencial del derecho a la salud y tres proyectos de ley ordinaria para redefinir el sistema, continúen sucediendo hechos como el del señor Chíquiza denunciado por la Defensoría.

“La Defensoría del Pueblo seguirá denunciando ante las autoridades competentes todo tipo de irregularidades, las faltas de atención, demoras injustificadas, negación de servicios y todas estas irregularidades que implican conductas violatorias del derecho fundamental a la salud y no dudará en acudir a la vía judicial si es necesario para garantizar el cumplimiento de los derechos en salud de los ciudadanos”, puntualizó Otálora Gómez.