Ayer pidió el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez que las Farc produzcan de inmediato una tregua unilateral que conlleve, igualmente, a la localización de sus tropas en lugares predeterminados, donde no exista población civil.

Fue lo que en los diálogos de 1992, en Caracas y Tlaxcala, se conoció como “zonas de distensión” y cuyo auge se dio en la zona del Caguán, en 1998.

La propuesta del expresidente Álvaro Uribe no es nueva, así algunos analistas pretendan decir que con ello se está acercando al presidente Juan Manuel Santos y el mismo procurador, Alejandro Ordóñez, acabe de sostener que ello podría ser un punto de encuentro que permita un consenso nacional.

La propuesta  de Uribe consiste, pues, en que se busquen esas zonas de ubicación, prohibidas por el propio presidente Santos desde que reformó la Ley 418 de 1997, a comienzos de su primer mandato. En esa época, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, las prohibió y el presidente Santos ratificó la ley correspondiente.

La idea, en 1992, se trataba de que los frentes de las Farc se ubicaran en un lugar despoblado entre dos cabeceras municipales, dentro de un área de 30 kilómetros cuadrados, portando sus armas, pero  inmovilizadas. Lo mismo que hoy, casi 25 años después, plantea el expresidente Uribe.

La diferencia radica en que esa localización se propuso entonces con el fin de darle verificabilidad y permitir la verificación de cese bilateral de fuegos.  La verificabilidad es el concepto por medio del cual se  hace que la tregua sea de más fácil verificación. Es decir, que en caso de producirse una violación al cese de fuegos es más fácil verificar dónde y cómo se produjo porque los frentes están localizados e inmovilizados. Así puede saberse si, en efecto, fue  producto de una acción de la guerrilla o si no es una situación externa al proceso de paz.

Las llamadas zonas de distensión de entonces tenían, a su vez, 10 kilómetros de colchón de seguridad a la redonda. Y por fuera de ella, podía situarse el Ejército.

La discusión en esa época estuvo,  primero,  en el número de zonas de distensión. Y, segundo, en si dentro de ellas podía haber policía nacional.  

Hoy el expresidente Uribe parece aceptar que no exista policía dentro de las zonas de distensión así planteadas. Inclusive también plantea que los comandantes de las Farc puedan redimir sus penas, a través de la justicia transicional, en esos lugares, como en su momento se alcanzó a vislumbrar con la zona de Ralito para los paramilitares.

 La diferencia con el presidente Santos es bastante grande. Primero, porque el expresidente Uribe propone suspender el proceso y dedicarlo exclusivamente a la localización de las Farc dentro de su declaratoria de tregua unilateral. Y segundo, porque el presidente Santos ha aceptado comenzar a discutir una tregua bilateral que es precisamente de lo que el expresidente Uribe reniega al poner en una misma balanza a la fuerza pública y las Farc.

En todo caso una tregua unilateral de las Farc, con localización y verificación supondría, automáticamente, una tregua bilateral porque el Ejército quedaría atado de manos para su accionar en las zonas de distensión o de ubicación.

Por lo demás, si el gobierno y las Farc aceptaran ese modelo en la mesa de La Habana, tendría que pensarse el mecanismo de no ataque mutuo mientras sus frentes se van localizando y cuanto duraría ese ejercicio.

Desde luego, la distancia entre las propuestas de Uribe y Santos siguen siendo abismales, pese a que analistas quieran presentarlas como concordantes.

Las Farc acaban de reiterar su propuesta de cese bilateral, es decir un armisticio firmado entre ellos y la fuerza pública, mientras que Uribe ha venido haciendo su planteamiento de tregua unilateral pero sin el desarrollo puntual de cómo, dónde y en qué circunstancias se haría.