El Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU acusó al gobierno de “reprimir el disenso política e infundir temor en la población”. También dijo que le preocupan las medidas tomadas por la Asamblea para enjuiciar “por traición a la patria” a opositores

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El alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirmó que la democracia en Venezuela "apenas está viva, si todavía está viva", al presentar un informe que acusa al gobierno venezolano de "reprimir el disenso político e infundir temor en la población".

El presidente Nicolás Maduro "fue elegido por la gente", reconoció Zeid Ra'ad Al Husein ante la prensa en Ginebra, pero las recientes acciones del gobierno dan "la sensación de que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado".

Preguntado sobre el presidente francés Emmanuel Macron, que la víspera tildó a Venezuela de "dictadura", Zeid consideró que "ha habido una erosión de la vida democrática" en el país. La democracia en Venezuela "está apenas viva, si todavía está viva", sentenció.

El ministerio de Relaciones Exteriores venezolano calificó de "lamentables" los comentarios del presidente Macron, y denunció una "clara injerencia" en los asuntos internos del país. En cambio, no reaccionó a las declaraciones del Alto Comisionado.

Durante una conferencia de prensa en París, el ministerio de Exteriores francés pidió a las autoridades venezolanas ofrecer "muy rápidamente garantías en materia de respeto del Estado de derecho y libertades fundamentales".

El Alto Comisionado presentó en Ginebra su informe sobre la situación en Venezuela, principalmente sobre la represión de las manifestaciones de la oposición. El documento denuncia "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones".

"El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, denotan que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", reitera el texto.

Zeid advirtió que la crisis económica y social persiste y que las tensiones políticas cada vez mayores podrían empeorar la situación del país.

Posteriormente, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, emitió un comunicado en el que aseguró que el informe "busca justificar una intervención foránea, incluso militar, y contribuir al tan anhelado propósito imperial de destruir las instituciones democráticas".

Venezuela, hundida en una grave crisis económica marcada por la escasez de productos de primera necesidad, es el escenario de violentas manifestaciones contra el presidente Maduro en estos últimos cuatro meses.

Según el Ministerio Público venezolano, citado en el documento, 124 personas murieron durante estas protestas, entre el 1 de abril y el 31 de julio. 

Para el ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las "fuerzas de seguridad", y 27 fueron abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos". Añade que los autores de las otras muertes no fueron todavía identificados.

"Descargas eléctricas, asfixia"

Zeid dijo además estar preocupado por las recientes medidas tomadas por las autoridades para procesar a la oposición.

El martes, la Asamblea Constituyente decidió enjuiciar por "traición a la patria" a los opositores que, según ella, promueven las sanciones financieras de Estados Unidos contra Caracas.

La poderosa Asamblea Constituyente venezolana acordó iniciar un juicio por "traición a la patria" contra opositores a quienes señala de promover las sanciones financieras de Estados Unidos contra el país petrolero. 

Los asambleístas aprobaron un decreto para iniciar "conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano"

Durante la presentación del informe, Zeid también puso de relieve los "tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura" que figuran en el documento.

El texto denuncia el recurso a "descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual".

Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público. 

"El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número", aseguró. 

Los autores del documento aseguran, citando a oenegés locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio. 

El ACNUDH comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos. 

Según el organismo, en la primera mitad de abril, "la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación causada por gases lacrimógenos", mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala. 

El Alto Comisionado también denunció los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad contra periodistas y empleados de medios de comunicación para impedirles que cubrieran las manifestaciones.

"Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades, palabras que no contribuyeron en absoluto a calmar el clima de violencia y de polarización", afirmó el informe.

El informe pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine "la posibilidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos" en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo.