Ante la aprobación por decreto de la modificación estructural del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) la Veeduría Distrital consideró que el alcalde mayor Gustavo Petro podría estar extralimitándose en sus funciones, desconociendo las recomendaciones de los entes competentes y podría estar poniendo en riesgo la estabilidad jurídica de la ciudad.

La veedora distrital, Adriana Córdoba, recordó que el proyecto de acuerdo del POT fue debidamente tramitado y discutido en el Concejo, en la Comisión Permanente del Plan. En la sesión realizada el pasado 7 de junio, se sometieron a votación de la Comisión dos ponencias, aprobándose la ponencia que negaba el POT, con 9 votos a favor y 6 en contra. Dicha ponencia presentó razones de inconveniencia técnica y, consecuentemente, jurídicas, con lo cual se dio por terminado el trámite de la iniciativa.

La veedora explicó que la aprobación de la ponencia negativa, surte y obra, para efectos del Decreto 4002 de 2004, el cual señala que “transcurridos 90 días desde la presentación del Proyecto de Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus contenidos al Concejo Municipal o Distrital sin que este la adopte, el alcalde podrá adoptarla por decreto”.

De igual manera existe el antecedente de la modificación del POT de Salento, donde el Tribunal Administrativo del Quindío, señaló que “antes de que transcurrieran los 90 días de que trata el artículo 12 de la Ley 810 de 2003, el Concejo Municipal dispuso el archivo de la iniciativa. En consecuencia, el Alcalde no podrá revisar, ajustar y modificar el Plan de Ordenamiento Territorial mediante Decreto”.

Advirtiendo sobre esta situación, el pasado 31 de julio, la veedora distrital Córdoba le entregó  un estudio al alcalde Petro, donde se demuestra que el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo se pueden alcanzar sin hacer Modificación Excepcional del POT, sino mejorando la gestión, haciendo ajustes de planes maestros o desarrollos normativos vía decretos.

La representante del órgano de control preventivo, Córdoba, recordó que tanto la Veeduría Distrital, como diferentes actores sociales, académicos y gremiales, expusieron con argumentos los riesgos técnicos y jurídicos  que se derivarían del proyecto de Mepot (Modificación Excepcional del POT) presentado a consideración del Concejo, los cuales siguen vigentes hoy al ser aprobados por decreto, y no pueden ser obviados por la Administración distrital.

La veedora Córdoba afirmó que “lamento que esta decisión de norma urbana no haya sido el producto de una legítima construcción colectiva”.

 

 

 

Revolcón urbano

 

    Se podrán construir equipamientos de todo tipo en barrios populares para garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía.

    La densificación era hacia los bordes y no en el centro como sucede en todas las ciudades modernas del mundo.

    Las zonas de conservación ambiental aumentarán a 36.900 hectáreas. “Estas zonas son prioritarias para mantener el equilibrio ecológico de la ciudad”, afirmó el Alcalde Mayor.

    Las plusvalías generadas por el desarrollo urbano servirán para financiar el sistema de transporte masivo.

    Este decreto permite el uso industrial de bajo impacto en áreas que hoy tienen ese desarrollo pero que no tienen licencia.

    El POT protege a los campesinos porque limita la expansión sobre las áreas rurales.

    En materia de espacio público, todo proceso constructivo aportará sea en dinero o en lugar para más parques y equipamientos de carácter mixto porque los predios se dedicarán al uso dotacional.

    El manejo de las aguas lluvias será diferente, habrá una ruptura tanto física como financiera de las aguas lluvias del alcantarillado permitiendo que se genere reducción en las tarifas del agua.

    Comienzan planes de mitigar el riesgo producto del cambio climático.

    Frente al parque Simón Bolívar en la parte sur, la ciudad tendrá un inmenso Parque lineal a lo largo del río Fucha.

    Se permiten usos dotacionales mixtos, se llevarán  juzgados y fiscalías a todas las localidades de Bogotá financiados por el erario.

    En cinco años las redes de servicios públicos tendrán que poseer instalaciones subterráneas.

 

 

Aplausos y abucheos

 

Expedición es ilegal: Miguel Uribe

 

Por desconocer las instituciones, los resultados de los procesos de participación ciudadana y la ley, el concejal Miguel Uribe, del Partido Liberal, manifestó que el alcalde expidió un decreto ilegal.

El Concejo de Bogotá, acogiendo los argumentos de la ponencia negativa presentada por el concejal Uribe, negó en Comisión la propuesta del alcalde Petro, por considerar que la modificación excepcional constituía un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, lo cual incurría en vicios de legalidad y carecía de sustento técnico y jurídico; de ahí que “decretarlo implicaría una falta disciplinaria, y un abuso de función pública”, señaló Uribe.

Según el concejal, Petro desconoce lo que decidió el Concejo e interpreta la Ley de Ordenamiento Territorial a su conveniencia, ya que esta solo habilita a los alcaldes a expedir el POT por decreto cuando el Concejo no adopta una decisión al respecto

 

Aplaudimos POT por nuevo modelo

 

La bancada del movimiento Progresistas “hubiera preferido que el Plan de Ordenamiento Territorial-POT tuviera la aprobación del Concejo de Bogotá con los ajustes necesarios en un proceso de concertación con la responsabilidad que me asiste desde la comisión del Plan, pero no fue posible, por ello al alcalde no le quedó otro camino que aprobarlo por decreto. Sin embargo, aplaudimos el hecho porque este POT es el que le va a dar un nuevo modelo de ciudad viable para el futuro”, enfatizó el concejal William Moreno.

 

Concejala progresista dice “no” al decreto

 

Ante el decreto la concejala progresista Angélica Lozano advirtió sobre los riesgos que corre la ciudad una vez se oficialice esta determinación anunciada por el alcalde Gustavo Petro. “Es prematuro e impositivo que la actual administración resuelva cambios estructurales tan profundos en los que se han evidenciado más diferencias que consensos, como la prohibición del uso y aprovechamiento de antejardines en zonas comerciales, o la mezcla de usos urbanos sin tener controles claros, solo por citar dos ejemplos”, señaló.

Igualmente pidió que se reabra la discusión en el Concejo de Bogotá una vez se conforme, el próximo año, una nueva Comisión de Plan que analizaría con mayor objetividad esta modificación extraordinaria.

 

Alcalde lesiona la autonomía

 

“La decisión que tomó el alcalde Gustavo Petro al expedir el POT por decreto, la percibo como una señal de desconocimiento hacia las competencias que tiene el Concejo de Bogotá. Los miembros de la Comisión del Plan que estudiamos a fondo esta iniciativa nunca cerramos la puerta para que se pudiera estudiar nuevamente en la Corporación", dijo la concejala María Victoria Vargas, del Partido Liberal.

Sostuvo que es ilegal que el alcalde Petro haya expedido el POT por decreto, porque el Concejo ya se pronunció frente a esta iniciativa y la negó.

En todo caso, anunció que hay una consulta en trámite ante el Consejo de Estado, que ella le envió al Ministerio del Interior y este la envió al alto tribunal que “deberá resolver la legalidad de dicha iniciativa”.

"El POT quedó archivado por decisión mayoritaria en la Comisión del Plan. Si el alcalde lo expidió por decreto pues entrará a regir mientras se pronuncian los organismos competentes, que en este caso serían los tribunales", explicó.