De conformidad con la Auditoría Regular y revisión de cuenta practicada por la Auditoría General a la Contraloría Departamental de Cundinamarca para la vigencia 2012, se evidenció que se decretó el archivo por prescripción de 333 procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en esa entidad, por un monto superior a los treinta y cuatro mil novecientos noventa millones de pesos ($34.990.000.000°°), los cuales se dejaron  de recuperar al decretarse su prescripción. Además, se  decretó la caducidad de 32 procesos que cursaban en la entidad cuya cuantía asciende a cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones  quinientos cuarenta y siete mil pesos ($4.444.547,000°°).

La situación descrita riñe con los principios constitucionales de economía, eficiencia, celeridad y principalmente con el de eficacia y el objeto de la  responsabilidad fiscal, cual es el de obtener el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, mediante el pago que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 610 de 2000. 

La Auditoría General de la República, ante la gravedad de los hechos, solicitará al Contralor de Cundinamarca  que tome las acciones correspondientes a efectos que la recuperación de los dineros públicos no se vea afectada por la declaratoria de caducidad  y prescripción de los procesos, exhortándolo  para que ordene las investigaciones disciplinarias que correspondan con el objeto de investigar la conducta de los funcionarios que dieron origen a estas anomalías.