El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un nuevo balance del cese el fuego entre las Farc y la Fuerza Pública destacando cero novedades entre las partes. 

Sin embargo, el funcionario dijo "que sigue siendo un cese al fuego débil, que necesita tiempos de certidumbre para poder seguir funcionando bien. Las condiciones en que estamos hoy podemos garantizar seguridad pero no por un plazo demasiado extenso", manifestó el funcionario. 

El Ministro agregó que “se acordó con las Farc y con las Naciones Unidas que si se presentaba incidentes entre las partes se reportarán, pero el informe que nos entregan es cero alteraciones de orden público". 

Este año, 600 hombres de la Fuerza Pública han muerto producto de las confrontaciones con grupos alzados en armas en el país, pero el año pasado la cifra superó las 1.100. Es decir, se ha reducido casi la mitad de militares y policías víctimas. 

"Esa cifra es importante para que la gente entienda el valor del cese al fuego", concluyó.

De otra parte, las Farc dijeron que tienen la decisión de jugársela por la paz pero no a cualquier costo, aseguró el vocero de las Farc, Marco Calarcá. Reconoció que hay preocupación en las bases guerrilleras y en la población colombiana por la demora en la implementación del acuerdo de paz con el Gobierno nacional.

El dirigente guerrillero manifestó que en las actuales circunstancias el proceso es frágil, porque el cese bilateral hace parte de un pacto que no se ha logrado implementar.

Calarcá comentó que las armas las tienen las Farc y explicó que los integrantes de la organización se encuentran en un pre-agrupamiento en diferentes puntos del país.

El vocero de la subversión manifestó que el propósito principal del monitoreo y verificación busca evitar que el acuerdo pueda concluir.

“Las visitas a los puntos de preagrupamiento es una etapa nueva de la labor del mecanismos de verificación”, subrayó.

Añadió que en las actuales circunstancias hay preocupación no solo en las bases guerrilleras sino también en la población colombiana que quiere que la paz sea una realidad.

Según Calarcá no tiene ningún conocimiento de lo que puede estar pasando en La Habana en la renegociación del acuerdo.

“Las Farc tienen la plena decisión de jugársela toda por la paz y eso no quiere decir que es a cualquier costo. Simplemente pensamos en que hay que avanzar en este tema de buscar los acuerdos”, concluyó.

De otro lado, ayer el presidente Juan Manuel Santos avaló el Decreto 1753 del 2016  que establece que las Farc y cualquier guerrilla que adelante diálogos de paz, para el proceso de desmovilización y reintegración deberá entregar una relación de los menores en sus filas, quienes serán considerados como víctimas y no como miembros del grupo armado ilegal. 

Según la norma, el grupo guerrillero debía presentar una lista con sus integrantes, para acreditar su pertenencia y para participar del proceso de ‘desmovilización colectiva’, sin embargo, se anexó un texto para garantizar los derechos de los niños en el marco del conflicto armado. 

El decreto establece que “con relación a los niños, niñas y adolescentes que fueron utilizados o participaron directa o indirectamente en las actividades del grupo armado organizado al margen de la ley, los voceros o miembros representantes de dicho grupo entregarán una lista separada que acreditará la pertenencia, mas no la calidad de miembros de dichos menores”. 

De esta manera se garantiza que los menores desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad sean considerados como víctimas y no como miembros del grupo, pese a haber participado de las actividades en el marco del conflicto. 

Esta lista que aplicará para las Farc y para el Eln, cuando se logren los respectivos acuerdos, se deberá entregar junto con otra lista donde se relacionen la totalidad de los miembros de la guerrilla para iniciar el proceso de reintegración, que deberá ser aceptada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz “de buena fe, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes”. 

Estas listas habilitarán a los desmovilizados “para acceder, previa dejación de las armas, al proceso de reincorporación social, política y económica y al tratamiento jurídico especial que se acuerde”, dependiendo de los resultados de los diálogos en La Habana con las Farc y en Ecuador con el Eln.