La Contraloría advirtió a los Gobernadores del Atlántico y Guajira y a los Alcaldes de Riohacha y Sincelejo sobre un posible detrimento patrimonial por más de $25 mil millones de pesos en el manejo de recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones.
Las advertencias proferidas por la Contraloría Auxiliar para el Sistema General de Regalías indican que existe una alta probabilidad de riesgo en diferentes proyectos que se desarrollan en estas regiones y que afectarían Derechos Sociales, Económicos, Culturales y por conexidad Derechos Fundamentales de las respectivas comunidades
En el Atlántico, el control de advertencia se refiere a la implementación del proyecto de reinserción económica de mil familias campesinas afectadas por la ola invernal en seis municipios del sur del departamento: Manatí, Repelón, Santa Lucia, Suán, Campo de la Cruz y Candelaria. Además, está relacionado con la recuperación del hato ganadero para el mejoramiento de la producción de leche en estos mismos municipios.
La CGR llamó la atención del Gobernador, José Antonio Segebre, por considerar que el ente territorial como cofinanciador del proyecto con recursos de regalías presenta presuntas fallas en la supervisión del contrato debido a que los beneficiarios afirman que el ganado comprado no corresponde a las características fenotípicas y genotípicas establecidas en las fichas técnicas. También la comisión técnica de la Contraloría observó la falta de la adecuación de los corrales, que significa un riesgo para el patrimonio público de 12 mil 800 millones de pesos.
La Contraloría General de la República advirtió al operador Asoganorte, en cabeza de José de Silvestri Pájaro, un posible incumplimiento en el momento de la entrega del ganado a los beneficiarios, pues debió corroborar los requisitos establecidos en las fichas técnicas, tales como: estar debidamente certificados, marcados, preñados y tener una buena calidad genética.
Además, la CGR le sugirió a Asoganorte hacer efectivas las pólizas de garantía que amparan los contratos de los proveedores del citado ganado, como también lo indica el interventor del proyecto Prodesarrollo Ltda en los informes de interventoría.
La Función de Advertencia se remitió también al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, dadas las situaciones que se han presentado en la ejecución del proyecto, a cargo de Coorpoica por delegación del Ministerio de Agricultura.
El grupo auditor afirmó que a la fecha del informe técnico no se había realizado la inversión de $4 mil 700 millones de pesos en labores de establecimiento en la siembra de pastos y leguminosas.
De igual forma se alertó a la Gerente del Fondo de Adaptación, Carmen Arévalo Correa, sobre un posible detrimento patrimonial por cuantía de $2 mil 800 millones de pesos por presuntas fallas en la supervisión y ejecución de las actividades que hacen parte de la carga administrativa y laboral en la siembra de pastos, leguminosas e inseminación artificial.
Recursos del Sistema General de regalías y de participaciones en posible riesgo en la Guajira
La Contraloría General de la República alertó a la gobernadora de la Guajira, Sugeila Oñate Rosado, sobre el riesgo que corren recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones cuantificados en $2 mil 300 millones de peso, representados en 11 convenios que beneficiarían a los municipios de Camarones, Carrizal, Chaima, Dibulla, Fonseca, Maicao, Riohacha y Uribia, y a las comunidades indígenas Ahumao, Aranaipa, Bostolen, Cardón, Ekimana, Guaraima, Jupurarao, Masulen y Toloumana.
Los sectores para las cuales se destinaron las obras corresponden a agua potable y saneamiento básico e incluyen la construcción de 280 unidades sanitarias en los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha, además de la optimización de redes de sectorización del sistema de acueducto del municipio de Fonseca.
De igual forma, cobijan apoyo financiero para inversiones en el sector educación y cultura en el municipio de Fonseca, mientras que para el sector transporte se contrató la construcción de pavimento rígido por autogestión comunitaria de los municipios de Dibulla, Maicao y Riohacha.
También se incluyó al sector de recreación y deporte con la construcción de la cubierta, la gradería y el mantenimiento de la cancha polifuncional existente en la Institución Educativa No. 10, sede Rodolfo Morales, del municipio de Maicao.
La CGR observó en algunos convenios el aparente desconocimiento de la Ley 80 de 1993 que señala el cumplimiento de los principios de trasparencia, economía y responsabilidad, así como, los derechos y deberes de las entidades estatales al exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
Por estos hechos, la Contraloría General de la República recomendó a la Gobernadora del departamento de la Guajira iniciar las actuaciones administrativas y legales del caso.