Por encontrarle vicios de consecutividad, por vicios de forma y hasta de fondo será demandada la reforma a la justicia aprobada por el Congreso.

Aún no se ha conciliado y ya las distintas organizaciones anunciaron demandas y hasta la posibilidad de un referéndum revocatorio del acto legislativo.

El director de estudios constitucionales Plural, Armando Novoa, anunció que el próximo miércoles se reunirán todas las organizaciones con la finalidad de preparar el mecanismo ciudadano del referéndum revocatorio. El encuentro tendrá lugar en Fescol y será en la mañana.

“En primer lugar por vicios de forma. Parece que en trámite la reforma sufrió una serie de cambios en diferentes temas y allí se desconoció el principio de la consecutividad que debe estar en todas las leyes aprobadas por el Congreso”, dijo.

Novoa señaló en un segundo aspecto se identificó el conflicto de intereses por parte de los congresistas y recordó hay diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional en el sentido de que los conflictos de intereses en los actos reformatorios de la constitución pueden configurarse en circunstancias excepcionales.

“El hecho que 70 congresistas estuvieran siendo investigados por la Corte Suprema y el Consejo de Estado es una circunstancia especial para declararse impedidos”, manifestó. Así mismo indicó que esta demanda se daría una vez la reforma fuera publicada en el diario oficial.

Otra de las organizaciones que esta dispuesta a demandar el acto legislativo de la reforma es el Observatorio de la Justicia, aunque no se ha determinado si se presenta la acción jurídica ya los abogados de la organización están estudiando las posibilidades de hacerlo.

La juez María del Pilar Arango, directora del Observatorio consideró como lamentable que no se hubieran tenido en cuenta las observaciones hechas en las diferentes audiencias que se convocaron en el Congreso.

“Por supuesto que estamos pensando en una demanda de inexequibilidad. En principio sería por vicios de trámite. Ya existen unas personas que viene haciendo esa tarea” y se espera que pronto “nos entregarán un informe”.

Arango dijo que la determinación de demandar se sabría en unas dos semanas a más tardar y recordó que como directora del Observatorio presentó una solicitud de recusación contra algunos legisladores y no le dieron el trámite como expresa la ley para ponerla en consideración de la Comisión, sino que de una vez la rechazaron.

Los partidos políticos están analizando las alternativas de presentar acciones jurídicas contra la reforma. Para la representante Alba Luz Pinilla, del Polo Democrático, fue un gran error por parte del presidente de la Cámara Simón Gaviria haber cerrado las posibilidades de que se presentarán proposiciones.

“La mesa directiva esta facultada para organizar el debate, más no para violar la ley. El día miércoles la mesa directiva cerró la posibilidad de presentar proposiciones. La ley es clara y dice expresamente que todo debate hay la posibilidad de presentarlas mientras este la discusión”.

El representante Germán Navas, también del Polo, consideró como viable la posibilidad de demandar, pero dijo que los magistrados actuales deberían nombrar conjueces porque estarían impedidos para estudiar las demandas que puedan estar en curso.

De otro lado se conoce que la Misión de Observación Electora, la MOE, que dirige Alejandra Barrios, no ha decidido si demandar la reforma, lo que en primera instancia piensa hacer es estudiar el texto definitivo del acto legislativo. La MOE tiene varias alternativas desde el referendo revocatoria hasta la acción. Pero primero piensan agotar el lobby para que después de la conciliación salga un texto acorde con las necesidades del país. 

Pero aquí no paran las alternativas de demandas. El representante a la Cámara por Bogotá Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal, manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura se mantuvo vivo hasta la segunda vuelta lo que significa que tanto el Congreso como el Gobierno estaban conformes con la actuación del Consejo y anotó que luego de que salieran presuntamente hechos de corrupción por parte de los magistrados.

“Lo que ocurre es que el Consejo Superior de la Judicatura no se acaba por ser un organismo ineficaz, sino porque había personas que habían cometido conductas delictuales y si pasado el tiempo el fallo de los organismos le favorece a ellos, los magistrados pueden demandar y pedir indemnizaciones altas”, dijo.

Pero consultados los senadores y representantes, consideraron que allí no habría la posibilidad de demandar ya que en la reforma nunca se dijo el CSJ se eliminaría por corrupción.

El senador Parmenio Cuellar, del Polo, manifestó que en teoría los ciudadanos pueden demandar todo. “Pero eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque es posible que en los debates se haya dicho que hubo corrupción, pero en la norma nunca se especificó que fuera por corrupción”.

En el mismo sentido se pronunció el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, quien dijo que en la reforma nadie trato a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura como corruptos.

Por su parte el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, dijo que si los magistrados se sintieron violados en su dignidad, tienen todo el derecho de demandar.

El abogado constitucionalista Germán Calderón aseguró que muy seguramente llegarán numerosas demandas en contra del acto legislativo y el gobierno debe estar preparado para afrontarlas.