Una nueva fórmula para financiar la Rama Judicial dentro de la reforma a la Justicia debe estar lista en marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso.

Así se lo precisó a EL NUEVO SIGLO el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien espera que en marzo la mesa conjunta de trabajo entre su cartera, el Ministerio de Justicia y la Alta Consejería para el Buen Gobierno tenga lista una “fórmula alternativa del presupuesto del sector Justicia, para que haya justicia para todos”.

El ministro Echeverry rechazó las apreciaciones de algunos congresistas que sugieren que en la reforma no hay claridad presupuestal para las Cortes y señaló que su cartera siempre está colaborando para que haya recursos para el sector Justicia, pero que esas decisiones no dependen solamente de él.

“Hay un grupo de trabajo donde estamos el Ministro de Hacienda, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y la Alta Consejería para el Buen Gobierno, y estamos trabajando muy duro porque son recursos importantes y queremos de parte del Gobierno que haya unos cambios importantes, positivos, para el sector Justicia, entonces esperamos tener eso listo en marzo”, expuso.

La falta de claridad presupuestal en la reforma a la Justicia es uno de los motivos por los que la Cortes se levantaron de la mesa de negociación desde el año pasado. La discusión se centra en que la Rama Judicial pide un presupuesto de 5 por ciento del Presupuesto General para la Nación, es decir más de ocho billones de pesos, mientras que actualmente el presupuesto establecido para la Rama es cercano a 2,4 billones de pesos.

La propuesta del Gobierno es garantizar 2,5 por ciento del Presupuesto e incrementarlo con el índice de inflación y durante los cinco años siguientes a la entrada en vigencia de la ley asignar un billón de pesos, es decir 200.000 millones de pesos adicionales cada año.

Para el representante Germán Navas, del Polo Democrático, la reforma debe ser discutida por quienes van a aplicar la ley, es decir representantes de la Rama Judicial deben discutir el presupuesto que realmente necesitan y hacer todas las peticiones que consideren convenientes para evitar estar a cada rato pidiendo adiciones y “reclamando lo que el Gobierno no les da”.

“Lo importante es que discutan ahora qué les van a dar a las Cortes, a la Justicia no se le da limosnas, a la Justicia hay que darle lo que la justicia necesite, si queremos que haya justicia. Ellos siempre han dicho que lo que les van a dar no les alcanza, entonces hay que ser justos con la Justicia; yo he visto que cuando el Ministerio de Defensa pide dinero para compra de armamento, no hay discusión ninguna y les dan lo que necesitan. ¿Por qué para la Justicia, que es fundamental, no le van a dar lo mismo o lo que necesite?”, le comentó Navas a este Diario.

Por su parte, el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, y coordinador de ponentes, dijo que el proyecto “goza de perfecta salud” y que tendrá éxito cuando se logre el consenso de las tres Ramas del Poder Público.

Con respecto a la financiación, expresó que “el Estado hará todo el esfuerzo posible con la finalidad de distinguir a la administración de Justicia para que ese elemento fundamental tenga el mejor tratamiento y la sociedad los mejores resultados; uno de ellos combatir la congestión y otro acercar la justicia al usuario”.

Pese a que en un inicio las Cortes habían aceptado el anterior acuerdo, después señalaron que con el dinero asignado no alcanza ni siquiera para subsanar el “déficit histórico” que arrastra la Rama Judicial y estuvieron en desacuerdo con la precisión que hizo el presidente Juan Manuel Santos de que los problemas de congestión y eficacia no solo están relacionados con el Presupuesto.

La decisión de estar por fuera del estudio de la reforma lo ratificó en días pasados el Consejo de Estado, argumentando que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta en los debates de primera vuelta en el Congreso. Su presidente Gustavo Gómez dijo que hay preocupación porque el rumbo que ha tomado la reforma borra los límites de la división entre las Ramas del Poder Público en Colombia.