El Consejo de Estado le mete el diente hoy a una demanda de pérdida de investidura interpuesta en contra del presidente del Senado, Roy Barreras, por incurrir, presuntamente, en el delito de delito de tráfico de influencias.

El caso tiene que ver con la entrega a una organización religiosa de un bien que perteneció al narcotráfico y que estaba en posesión de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), hoy en liquidación.

El hecho por el que fue demandado Barreras se remonta a octubre de 2006, en desarrollo de un consejo comunal del entonces presidente Álvaro Uribe.

En el evento el exmandatario recibió la petición de la Asociación de Pastores Cristianos para que le fuera asignada la propiedad.

Según el demandante, Barreras, quien para la época era Representante a la Cámara, intercedió ante Uribe para que le fuera asignada la propiedad a dicha organización. Incluso, el querellante afirmó que el parlamentariose habría comprometido con los pastores de la comunidad, Jorge Villavicencio Rosales y con su esposa María Consuelo Hernández, a que les fuera entregado el predio.

Posteriormente,  el lote, que había sido incautado al presunto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago, le fue otorgado a la comunidad religiosa.

Frente a la acusación el congresista negó en su momento que hubiera intervenido en dicho trámite. También descartó haber tenido relación con la DNE. Y, por último, dijo no haber tenido contacto con los pastores en mención.

Tras recibir los testimonios de las partes, en dos meses el Consejo de Estado deberá decidir si mantiene o retira la investidura del senador.

El lote que está ubicado en la calle séptima Nº 82-65 del sector de Meléndez en Cali, perteneció a la Inmobiliaria UMV S.A, de presuntos testaferros del abatido narcotraficante alias Pacho Herrera. Posteriormente, la propiedad pasó a manos de otros dos presuntos testaferros para evitar que fuera incautado.

Otros casos

La Sala Plena del Consejo de Estado estudiará hoy también demandas de pérdida de investidura en los casos de otros siete congresistas y excongresistas. Es el caso del exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien es acusado por presuntamente haber financiado la campaña política de Erwin Arias Betancourt a la Cámara en el 2010. La Procuraduría dice que no hay pruebas y que el mismo Arias lo niega. En este caso el ponente es el magistrado Alfonso Vargas Rincón, actual presidente del tribunal.

También se estudiará la denuncia contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por el ‘carrusel’ de la contratación. El ponente es el magistrado Gustavo Gómez Aranguren.

Asimismo, se definirá la situación del senador Bernabé Celis Carrillo, por supuestamente incurrir en inhabilidad porque votó el proyecto para ampliar el periodo de los directores de la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), pese a que su esposa era la directora de la Corporación Autónoma Regional para la meseta de Bucaramanga. El ponente es el magistrado Carlos Alberto Zambrano

De otra parte se encuentra la querella contra el senador Eduardo Carlos Merlano, quien tiene varios procesos de pérdida de investidura. La magistrada Susana Buitrago es la ponente en este caso.

Del mismo modo se estudiará la situación del representante Rafael Romero Piñeros, y del representante Óscar de Jesús Marín.

Finalmente, el alto tribunal examinará la situación del senador Plinio Edilberto Olano Becerra, demandado por presunta vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. El  ponente es el magistrado Víctor Hernando Alvarado.