DE LAS medidas que hoy anuncie para enfrentar la corrupción, violencia e impunidad que carcome el país y que lo lleven  a dar una respuesta coherente a la crisis social desatada por la desaparición, hace dos meses de 43 estudiantes pende el gobierno del mexicano Enrique Peña Nieto.

El joven mandatario con el que el histórico PRI retornó al poder enfrenta una inédita crisis de “medio mandato” y un creciente movimiento de indignación ciudadana que le exige su renuncia, a más tardar el lunes (cuando cumple dos años en el poder) si no presenta una clara solución a la desaparición de 43 jóvenes bachilleres del liceo Ayotzinapa, de Iguala, (estado de Guerrero) tragedia ocurrida el 26 de septiembre y por el cual están sindicados el alcalde local, su esposa y algunos sicarios.

Y aunque los males inherentes al narcotráfico (corrupción y violencia) que azotan a México son de vieja data, la comprobada participación de agentes policiales en la desaparición y muerte  de los estudiantes, por órdenes del alcalde local y su poderosa esposa, fueron la gota que robosó la copa, generando una especie de “primavera mexicana” que con el paso de los días reverdece con indignación y exigencias ciudadanas.

Peña Nieto, blanco también de fuertes críticas por presunto conflicto de intereses en el caso de la adquisición de una lujosa mansión, está así ante un punto de inflexión y más allá de sostener un discurso sobre planes desestabilizadores está obligado a dar un viraje de 360 grados para enfrentar la impunidad y la corrupción.

El mandatario mexicano anunciará hoy reformas a la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado, pero anticipó que serán “acciones de fondo  que van a convocar a un esfuerzo colectivo, del Congreso, de la sociedad y del gobierno para encontrar la mejor ruta frente a estos desafíos nacionales”.

El plan establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.

La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la convivencia de autoridades y narcotráfico. Los jóvenes fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.

Según las autoridades, tres sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos calcinados y triturados.

 Hace dos años, cuando asumió el poder, Peña Nieto prometió pacificar el país y para ello mantuvo la línea de su antecesor, Felipe Calderón, con una ofensiva militar antinarcóticos que desde el  2006 ha dejado unos 80.000 muertos y 22.000 desaparecidos.

También siguió la certificación de policías con pruebas de confianza, reprobadas por más de 40.000 agentes. La única novedad fue una gendarmería y un programa de prevención del crimen, aún sin frutos.

Pero lo ocurrido hace dos meses, en Iguala, además de silenciar el discurso de Peña sobre una baja en la violencia con la implementación de las políticas, minó su imagen de reformador y lo tiene hoy en la antesala de un forzoso e inaplazable cambio de “guión” gubernamental.

Pero el gobierno del PRI no es el único afectado con la indignación ciudadana ya que el caso de los estudiantes provocó una implosión en la izquierda. El opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) vive una crisis sin precedentes, al punto de que su líder histórico y fundador, Cuauhtémoc Cárdenas abandonó sus filas y exigió a la dirigencia hacer lo mismo por haber avalado tanto al detenido exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y a quien se le sindica de ordenar el ataque a los estudiantes (tenía investigaciones por homicidio y narco-nexos) como al gobernador de Guerrero, también cuestionado por la tragedia.

Y aunque la dirigencia “perredista” admitió errores, prometió errores y revisión con lupa a sus candidatos para las próximas elecciones, Cárdenas consideró no sólo insuficientes esas medidas sino tardías.

"Ante la disyuntiva de correr el riesgo de compartir responsabilidades de decisiones tomadas por miopía, oportunismo o autocomplacencia en las que no haya tenido cabida la autocrítica (...) he preferido correr el riesgo de recibir críticas", manifestó Cárdenas, hijo del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Hoy la expectativa es total en México, donde el presidente Peña Nieto anunciará fuertes medidas anticorrupción y para desarticular el contubernio narcos-autoridades y la ciudadanía espera que le regresen a los 43 estudiantes, aunque con la triste certeza de que no están vivos. Por ello, su exigencia mutará a justicia y tolerancia cero a la impunidad. El país está en un punto de inflexión./EL NUEVO SIGLO