Gabriel Sonny Cubillos

Periodista El Nuevo Siglo

A partir de este jueves entran en vigor las restricciones que establece la Ley de Garantías Electorales a raíz de la realización de los comicios de octubre próximo, que se siente en materia de contratación en gobernaciones y alcaldías  porque prohíbe la que se hace de manera directa y por ende los convenios interadministrativos.

La Ley 996 de 2005 fue expedida como consecuencia de la reforma constitucional que implantó por esos días la reelección presidencial, buscando que el debate electoral en que participa el jefe de Estado en papel de candidato se desarrolle en igualdad de condiciones con los demás aspirantes.

La norma establece una serie de restricciones durante los cuatro meses previos a las elecciones, precisamente para evitar que el gobernante de turno aproveche los  bienes y dineros públicos en favor de su candidatura.

Las principales talanqueras se sienten en materia de contratación, pues queda prohibida la que se hace de manera directa por parte de todos los entes del Estado, y por ende los convenios interadministrativos. La norma no tiene impacto alguno sobre la contratación que se deriva de una licitación.

De igual forma se suspende cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal.

Si bien esta Ley hace referencia específica a la situación que se presenta con un presidente aspirante a la reelección, el Consejo de Estado dictaminó que sus efectos irradian para toda clase de elección popular, por lo que se activa este jueves, cuatro meses antes de los comicios territoriales del 25 de octubre, en los que se vota por gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

De esta forma se revive el debate por la existencia de la Ley de Garantías teniendo en cuenta que hace unas pocas semanas el Congreso de la República eliminó la reelección presidencial y otras formas de reelección de altos funcionarios del Estado.

Alcaldes y gobernadores del país al unísono han pedido eliminar la Ley 996 de 2005 por considerar que hoy es inoficiosa y, lo principal, es un freno para su gestión por las cortapisas que establece en materia de contratación.

El propio presidente Santos en marzo pasado apoyó este pedido de los actuales gobernantes locales coincidiendo en la necesidad de eliminar esta norma. "Como ya no hay reelección, ni del Gobierno Nacional ni departamental, yo sí creo que debemos derogar esa Ley con mensaje de urgencia. Eso se puede y debe desaparecer esa Ley de Garantías que no tiene ninguna justificación. Así también le damos más tiempo a ustedes para que se ejecute el presupuesto de 5,8 billones de pesos que tenemos para los municipios", señaló ante más de 800 alcaldes reunidos en esa oportunidad en la cumbre de la Federación Colombiana de Municipios.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar a esta propuesta presidencial y luego de ello no se volvió a hablar del asunto por parte del Gobierno. “Esas son las trampas de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas y tramposas. A no ser de que sean rebaños sumisos al Gobierno. Eso es un irrespeto a la democracia y a la descentralización”, dijo en esa oportunidad el senador Álvaro Uribe.

<INTERTIT>Hablan federaciones

El director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios,  Gilberto Toro, en declaraciones a EL NUEVO SIGLO avizoró que antes de este jueves “lo que vamos a tener es alcaldes y alcaldesas haciendo fila hasta en las calles frente a los despachos del Gobierno nacional para firmar convenios a última hora porque las cosas no se prevén con tiempo. Segundo porque se está tratando que la mayor cantidad de recursos se puedan comprometer porque prácticamente se acaba el año fiscal el 25 (este jueves). Entonces el frenazo sí va a ser muy grande y es un absurdo que se pare la administración pública y que muchos recursos no se puedan ejecutar y todo por una Ley que es obsoleta”.

Por otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador del Meta Alan Jara, le dijo a este Diario que “la dificultad principal es que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías no pueden hacerse convenios interadministrativos, es decir, entre instituciones, un ejemplo, entre Nación y departamento o entre departamentos y municipios. Eso no es bueno para la administración porque la limita cuando se trata de conseguir recursos”.