Actuando como segunda instancia, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, confirmó en todas sus partes el falloque declaró responsables fiscales solidarios a los ex ministros de Agricultura y Desarrollo Rural Andrés Felipe Arias Leiva y Andrés Darío Fernández Acosta, y al Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria "IICA", por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro – AIS, por cuantía de $12 mil 985 millones de pesos.
Este fallo cobija también a los ex viceministros Fernando Arbeláez Soto y Juan Camilo Salazar Rueda, igual que a algunos ex directores del Ministerio: Camila Reyes del Toro, Carolina Camacho Vergara, Nohora Beatriz Iregui González y Mario Andrés Soto Angel.
Como se precisó en el comunicado donde se anunció el fallo fiscal de primera instancia, en el caso del IICA se le declaró responsable fiscal en su calidad de Cooperante dentro de los Convenios de Cooperación de Ciencia y Tecnología No. 078 de 2006, 003 de 2007, 018 de 2008 y 037 de 2009, suscritos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
El IICA es un ente internacional de carácter multilateral, que hace parte de la OEA, que realizó actos no de representación diplomática, sino de mera administración de recursos públicos que se ejecutaron sin cumplir el cometido pactado. Por eso no tienen inmunidad diplomática. No es la primera vez que un organismo de esta naturaleza es condenado. Sucedió también con el convenio Andrés Bello, a solicitud de la Procuraduría y ordenado por el Consejo de Estado.
Las irregularidades sancionadas por la CGR están enfocadas a que con millonarios recursos públicos destinados a socializar y divulgar ciencia y tecnología al campesinado colombiano en el sector agrícola, para afrontar de esta forma los tratados de libre comercio, los Ministros de Agricultura y el IICA, desviaron estos recursos para contratar actividades de publicidad del Programa Agro Ingreso Seguro. Recursos sobrantes del programa AIS, no se reintegraron debidamente al Tesoro y se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia, que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del exministro Andrés Felipe Arias.
Para este organismo de control, en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, en el cual debe primar el interés general sobre el particular, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como entidad técnica que es, debió atender las necesidades de la comunidad agropecuaria en sus distintos escenarios, permitiéndoles su participación activa en la construcción de la política pública diseñada por el Gobierno de entonces, para que el sector agropecuario Colombiano pudiese enfrentar el mercado externo con los distintos productos que ofrece.
En tal sentido, destaca la Contraloría General, no es admisible interpretación alguna que permita convalidar la subcontratación realizada por los Ministros y el IICA, que está desprovista en su totalidad de contenidos científicos o tecnológicos que permitieran al campesinado apropiarse del conocimiento que les hubiese dado las herramientas científicas y tecnológicas pretendidas por el programa Agro Ingreso Seguros a través de los convenios de cooperación científica y tecnológica objeto del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
La Contraloría manifiesta en su providencia (Auto No. 042 del 21 de abril de 2014), que al revisar las pruebas e incluyendo declaraciones, así como los objetos de las subcontrataciones celebradas por el IICA con cargos a los convenios ya mencionados, no se encuentra que con ellas se haya transmitido conocimiento científico y/o tecnológico alguno que le haya permitido al campesinado colombiano apropiarse de dicha información para implementarlo en las labores agropecuarias y que en consecuencia les hubiese permitido, hoy en día, estar compitiendo en igualdad de condiciones, o por lo menos aproximadas, a las de los productores agropecuarios de los países con los cuales Colombia suscribió tratados de libre comercio, y si por el contrario, es de notoriedad pública la insatisfacción del agro Colombiano, tal y como quedó demostrado en los diverso paros y marchas realizadas en las diferentes regiones del país por este sector.
Para la CGR cabe preguntarse entonces, y con relación a los convenios suscritos por los Ministros y el IICA y la subcontratación realizada con ocasión de estos: ¿Cuál fue el aporte científico y tecnológico de una entidad internacional, experta en el tema, como lo es Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)?; ¿ Que innovación tecnológica aportó al agro colombiano?; ¿Cuál fue el conocimiento aportado con los productos entregados con ocasión de la subcontratación realizada?, siendo claro para la Contraloría la respuesta: Ninguno, como se desprende de la realidad del agro Colombiano, que en lugar de avanzar, ha evidenciado un retroceso que incluso puede llevarlo a su desaparición, pues la competencia extranjera, lo supera sustancialmente en todos los campos.
La Contraloría comprobó que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) olvidó su misión institucional, como entidad asesora de los Estados Miembros, no sobra decir, de Colombia, al suscribir, con ocasión de los convenios celebrados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, contratos disimiles a su objeto social en perjuicio del patrimonio público de los colombianos, dineros destinados para transmitir conocimiento científico y/o tecnológico al sector agropecuario colombiano, razón está por la que se utilizó el numeral 6 del artículo 2 del Decreto 593 de 1993 para la celebración convenios para la Cooperación Científica Nacional e Internacional.
Para la CGR, al IICA le asistía la carga o responsabilidad de divulgar y socializar y por ende permitir la efectiva apropiación de conocimiento científico, técnico e innovador dentro del Programa Agro Ingreso Seguro, y no ser más que un simple intermediario para adelantar contratación publicitaria, lo que será puesto en conocimiento de los países miembros y donantes de dicho organismo internacional.
Resulta claro para la Contraloría que la difusión, socialización y divulgación de la ciencia y tecnología, como bien lo define COLCIENCIAS, máxima autoridad en este tema en Colombia, debe llevar a quien acceda a la misma, a apropiarse de un conocimiento, a aprender una ciencia y en consecuencia poner dichos conocimientos en función de lo que necesita de manera individual y finalmente aportar en el desarrollo del Estado del cual hace parte, concretándose de esta forma la finalidad estatal en un determinado campo, que para el caso del Proceso de Responsabilidad Fiscal sería la apropiación (aprendizaje y/o conocimiento) en ciencia y tecnología aplicable al sector agropecuario colombiano, a efectos de afrontar la apertura de los mercados en un sistema neoliberal.