Luego de la decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado de acoger la ponencia de la magistrada Stella Conto y que anuló la elección de Francisco Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura, la directora ejecutiva de la administración judicial, Celinea Oróstigui radicó una demanda de nulidad.

El Alto Tribunal calificó como improcedente dicha petición que pretendía dejar sin efectos el fallo, expresando que fue presentado con argumentos alejados de la verdad.

La elección del magistrado fue demandada por los abogados Rodrigo Uprimny y Paula Alejandra Rangel, quienes consideraron que los togados que eligieron a Ricaurte tenían algún parentesco o relación profesional con él.

Con esta acción se busca eliminar la llamada “puerta giratoria” o el “tú me elijes, yo te elijo” en las altas cortes.