La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $6.446 millones de pesos contra el ex agente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Camilo Bula Galiano, por irregularidades en el manejo de los recursos públicos relacionados con la venta del Centro Comercial Villa Country de la ciudad de Barranquilla.
Este inmueble fue adquirido por extinción de dominio a favor de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE-, administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –FRISCO. Se pretendía con esta venta que el Estado se favoreciera y beneficiara con los recursos que resultaran producto de la misma.
Por disposición legal, al FRISCO ingresan la totalidad de los bienes que en virtud de un proceso de extinción de dominio eran confiados a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para su administración y cuidado.
Las irregularidades se configuraron al realizarse la venta del Centro Comercial Villa Country por parte del liquidador de la Sociedad Promociones y Construcciones del Caribe –Promocon*, Camilo Bula Galiano, unos $3.643 millones de pesos por debajo del avalúo catastral, contraviniendo lo establecido en el Decreto 1170 de 2008. El valor del avalúo catastral del año 2009 de este Centro Comercial era de $22.006 millones y se vendió en un precio de $18.362 millones.
Mejoras que se perdieron
Igualmente, la investigación comprendió otro hecho irregular, consistente en que el Depositario Provisional y Liquidador, el ya citado Camilo Bula Galiano, suscribió contratos en cuantía de $1.599 millones con el objeto de realizar mejoras al Centro Comercial Villa Country.
Tales gastos se efectuaron con el propósito de que al momento de ser vendido el inmueble alcanzara un precio favorable. Sin embargo, tal circunstancia, como se demostró probatoriamente dentro del proceso de responsabilidad fiscal, no ocurrió con la venta del Centro Comercial Villa Country, si se tiene en cuenta que fue vendido por una suma muy inferior al valor catastral.
Una decisión definitiva
En consecuencia, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, confirmó la decisión de la Dirección de Investigaciones Fiscales que declaró fiscalmente responsable, a título de culpa grave, a Camilo Bula Galiano, Liquidador de la Sociedad Promocon por el detrimento ocasionado en el caso de la venta del centro comercial.
El valor indexado del daño patrimonial a resarcir ($6.446 millones) es producto de la diferencia que el Estado dejó de percibir por haberse vendido el centro comercial por debajo de su avalúo catastral y el hecho de hacerle mejoras a dicho inmueble, sin lograrse recuperar tal inversión con la venta efectuada.
Contra esta providencia de segunda instancia no procede recurso alguno.