Falta de voluntad política, el tiempo no alcanza, no tienen los votos y los cambios fundamentales en el nuevo plan de obras hacen prever que el proyecto para modificar los cobros de la contribución de valorización por beneficio local va por un camino lleno de espinas.

Mientras la iniciativa tiene un futuro negro en el Concejo de Bogotá más de 1.400.000 dueños de predios esperan que antes del 29 de abril sea solucionado el problema social que se armó con el cobro de valorización por beneficio local ya que la administración de Gustavo Petro, ante las protestas, pospuso la fecha límite para cancelar.

Pero el ambiente en el Concejo no es el mejor ya que la administración tiene fijo doce de los cuarenta y cinco concejales y en la comisión de presupuesto donde se realiza el primer debate al proyecto tampoco tienen las mayorías.

Para completar, además que en la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto, Ómar Mejía Báez, presidente; Horacio José Serpa Moncada, primer vicepresidente, y el segundo vicepresidente Roberto Hinestrosa Rey, hacen oposición a la administración, en las ponencias que se radicarán el jueves, también es un camino de espinas.

El presidente de la Comisión de presupuesto y ponentes del proyecto, Ómar Mejía Báez, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, aclaró que aunque la iniciativa tiene problemas legales, el concejo buscará una solución para el problema social.

“El proyecto presentado por el alcalde involucra tres temas que podrán dar paso a igual número de proyectos. La nueva valorización que plantea el alcalde, un cupo y la reforma al estatuto de valorización. El proyecto, antes que solucionar el problema social, genera un problema mayor con el proyecto porque deja de lado el problema social que se tiene que resolver. El alcalde está interesado en un nuevo plan de obras, entonces que radique proyectos independientes”.

Frente a la falta de tiempo para estudiar el proyecto, la realidad es que la Comisión de Hacienda deberá aprobarla antes que se clausuren las sesiones ordinarias el 12 de marzo. El jueves se tiene previsto que los tres ponentes radiquen sus informes para iniciar el debate, es decir, que la comisión solo tiene cuatro días para estudiar la iniciativa.

Primer campanazo

El primer estruendo que se registró fue el viernes cuando la sesión plenaria no aceptó las objeciones que hizo el mandatario capitalino al presupuesto 2013 que aprobó el concejo en diciembre.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió las objeciones presentadas por el alcalde Gustavo Petro al mencionado proyecto y decidió devolver a la corporación la iniciativa para que los concejales volvieran a votar esta vez, uno por uno los artículos que originaron la polémica entre el alcalde y el Concejo de la ciudad.

En su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Primera-Subsección "A", reconoció que el Concejo de Bogotá no puede hacer modificaciones de fondo en segundo debate a los proyectos aprobados en Comisión, sin embargo, manifiesta que "la supresión de disposiciones normativas de cualquier proyecto de acuerdo, constituye una actividad que tiene regulación en el reglamento", y cuando se presenten proposiciones supresivas en Plenaria, estos artículos deben ser votados uno por uno y no en bloque, como sucedió con el Proyecto de Acuerdo Número 300 de 2012, "por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2013".

La votación sobre las objeciones al presupuesto donde la administración tuvo los ocho votos Progresistas y los cuatro del Polo Democrático Alternativo es la demostración de cómo votarán en la plenaria si llega el proyecto hasta esa instancia.

Esta semana será fundamental para que la comisión apruebe una solución al cobro de la valorización o que el 13 de marzo el alcalde cite a sesiones extras para estudiar un proyecto.