Es muy difícil que un juez penal pueda derogar una cosa específica, afirmó el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, a propósito de la posibilidad de suspender el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Reiteró que el POT lo que pretende es reglamentar lo que ya estaba en la ley con relación al pago que deben hacer los constructores a la ciudad, cuando empiecen nuevas obras y dependiendo de la zona donde está ubicado.
"Cada día que pasa nos damos cuenta que el POT está haciendo un bien al país. Desde luego algunos miembros de Camacol están molestos por lo que tienen que pagar las cargas”, sostuvo Ardila, agregando que "los cambios que ha tenido la ciudad nos obliga a tener otra serie de elementos, la visión de ciudad se mantiene, la idea de las políticas también y deberíamos defenderla entre todas".
Ardila explicó que la norma es igual y cambia con el tiempo, porque los constructores van a tener que pagar un 30% por viviendas de interés social; anotó que "lo único que hicimos fue unos cambios que tendrán que pagar quienes tienen la posibilidad de construir en altura”.
Ardila aclaró que la discusión de fondo es quién paga las redes y los costos de quienes están haciendo esas obras.
Mientras tanto, en el Concejo continúan las posiciones divididas alrededor de la expedición del POT.
Para el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde, el decreto es ilegal porque de un plumazo instituye unas normas del ordenamiento del territorio pasando por encima de la discusión que se dio en el Concejo.
“Lo conducente era que la Administración hubiese recogido adecuadamente el debate del Concejo y de la ciudad, para presentar un nuevo proyecto a la corporación, así ello significara arrancar de cero el proceso. Es un buen manifiesto político, cargado de muy buenas intenciones, pero sigue siendo un mal instrumento técnico y normativo”, dijo Sanguino.
Para el concejal Hosman Martínez, también verde, las modificaciones al POT presentadas por Petro son necesarias y acompaña la decisión del mandatario de los bogotanos, “pero queda un sinsabor, porque debió presentarse de nuevo al Concejo de Bogotá”.
“Bogotá lamenta es la forma como se expidió el POT. Al expedir esta norma hay sectores de la ciudad que no resultan tan beneficiados. Uno no puede pretender que un cambio de norma pueda beneficiar a toda la población. Siempre habrá sectores beneficiados y otros tantos perjudicados. Yo acompañó este documento porque favorece a nuestro Partido Verde”, argumentó el cabildante Martínez.
Por su parte, la concejala Olga Victoria Rubio, del MIRA, dijo que revisando las metas del Plan de Desarrollo Distrital, no era necesario realizar modificaciones estructurales al Plan de Ordenamiento Territorial.
“No es imprescindible ajustar la norma urbanística del POT vigente. Solo basta con realizar unos ajustes a los planes maestros, las UPZ, etc. para mirar los equipamientos y el espacio público de la ciudad. No altera el modelo de ordenamiento político, ni implica revisión estructural; tampoco es necesario ajustar las normas urbanísticas”, puntualizó.