ONU alerta sobre alto índice de impunidad. Fiscal dice que se investiga con debida diligencia.

Colombia registra 61.604 personas desaparecidas desde 1942, de las cuales 16.655 serían casos de desaparición forzada, reveló el Defensor el Pueblo (Ombudsman), Volmar Pérez, durante la conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos.

Del total acumulado hasta el pasado 26 de agosto, 14.427 desaparecidos eran mujeres y 47.177 hombres.
El Defensor explicó que de acuerdo con el Registro Nacional de Desaparecidos, cerca de 16.655 personas han sufrido desaparición forzada. De estas, 249 han sido encontradas vivas y 557 muertas.

Pérez, presidente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, destacó que Colombia es una de las naciones con mayor número de desaparecidos en el mundo.

"Los distintos factores de violencia que vive el país constituyen el contexto en que se presenta el delito de la desaparición forzada, hecho que puede ir acompañado de tortura, violencia sexual, homicidio agravado y secuestro", dijo el funcionario.

"La práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituye un crimen de lesa humanidad", añadió.

Paralelamente, la Fiscalía colombiana indicó que un total de 3.473 agentes del Estado son investigados por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos, entre ellas 1.598 homicidios.

De acuerdo con la fiscal Vivianne Morales, actualmente la Unidad de Derechos Humanos del organismo adelanta 8.295 investigaciones por casos de violaciones a los derechos fundamentales, "de las cuales 1.598 corresponden a homicidios cometidos posiblemente por agentes del Estado".

Según la funcionaria, del total de agentes del Estado investigados, "1.489 ya tienen acusación formal por parte de fiscales de Derechos Humanos, en tanto que se han logrado 315 condenas".

Varios de esos casos corresponderían a ejecuciones extrajudiciales de civiles - más conocidas como “falsos positivos”- , presentados como guerrilleros muertos en combate, una práctica que fue denunciada en 2008.
Con esas ejecuciones algunos militares buscaban mostrar buenos resultados en la lucha antisubversiva para obtener a cambio beneficios como felicitaciones y días francos.

La Fiscal Morales Hoyos al referirse a la respuesta de la entidad subrayó que la entidad a su cargo es consciente del deber constitucional y convencional que tiene e indicó que para ello cuenta con las Unidades Nacionales de Derechos Humanos y DIH y de Justicia y Paz que en medio del conflicto han desarrollado su tarea.

Del total de las 3.252 condenas logradas por fiscales de Derechos Humanos, 315 han sido para agentes del Estado, añadió. Con relación al caso Soacha recordó que recientemente un juez de la República sentenció a un oficial, un suboficial y cinco soldados profesionales a penas que oscilan entre 28 y 55 años de prisión, y precisó que otros 43 uniformados se encuentran en etapa de juicio.

Al profundizar en la labor de la Unidad para la Justicia y la Paz la Fiscal informó que hay 4.634 postulados, de los que 4.131 son ex integrantes de autodefensas y 503 son ex guerrilleros. Reveló que esa dependencia tiene registradas 342.384 víctimas, y destacó que los funcionarios de tal Unidad han atendido a 165.296 víctimas de las que 38.815 son víctimas de desplazamiento forzado. Igualmente, continuó, han sido ubicadas 3.304 fosas con 4.064 cuerpos de los que han sido identificados plenamente 1.514 y han sido entregados a sus deudos 1.439. También se han tomado 15.685 muestras de ADN para identificar a las víctimas.
A su vez, Juan Carlos Monge, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo que la lucha contra la impunidad en Colombia no ha sido suficiente.

“Se ha avanzado a nivel judicial con importantes sentencias, pero para la magnitud de casos no resueltos el nivel de impunidad sigue siendo muy alto”, afirmó Monge.