A más tardar en diciembre la Fiscalía General de la Nación resolverá la situación judicial de los oficiales retirados del Ejército Carlos Alberto Fracica, Jesús Armando Arias y Rafael Hernández por su presunta responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, durante la retoma militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

La decisión hace parte de nuevas líneas de investigación y de la reapertura de los procesos contra diferentes funcionarios y miembros de la Fuerza Pública por la Fiscalía General de la Nación al cumplirse 28 años del holocausto.

Según explicó el fiscal Eduardo Montealegre, además de las investigaciones que hay en curso, se definirá si hay méritos para pedir órdenes de captura y llamados a indagatoria.

“Vamos a resolver, antes de final de año, la situación de altos oficiales del Ejército por la muerte del exmagistrado Urán. Hay unos que ya tienen indagatoria y tenemos que definir si encontramos o no indicios de responsabilidad para resolver si hay detenciones en algunos casos y en los otros vamos a valorar a qué personas llamamos a indagatoria”, precisó.

La fiscal Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora, quien fue nombrada coordinadora de la Unidad para investigar los hechos, dijo que se repetirán los exámenes de ADN de los restos que corresponderían al exmagistrado, a la vez que se ordenará una nueva inspección al polígono de la Escuela de Caballería donde se dice fueron enterrados varios de los cuerpos de las personas que salieron con vida del Palacio.

“Reiterar el trabajo realizado sobre los restos humanos encontrados en el Cementerio del Sur con el fin de volver a realizar los exámenes de ADN y nuevamente se hará la búsqueda en el polígono de la Caballería con el fin de encontrar restos humanos”, sostuvo Zamora.

“Lo primordial será resolver la situación jurídica en el caso de los tres generales; Fracica, Hernández López y Jesús Ignacio Arias Cabrales. La finalidad de resolver sobre el homicidio del magistrado Urán”, reiteró la Fiscal Delegada.

Por solicitud de la Fiscalía colombiana, el FBI entregará los resultados de los exámenes a los videos que demostrarían que Urán salió con vida del Palacio, que fue asesinado afuera, para después ser puesto en las ruinas de la edificación para aparentar que murió en el fuego cruzado.

La Comisión de Fiscales estará comandada por científicos de Medicina Legal, de la Universidad Nacional, del Cuerpo Técnico de Investigación, científicos internacionales de Estados Unidos y la Policía Científica Española.

Más investigaciones

Además del caso Urán, la Fiscalía confirmó nuevas pesquisas para establecer responsabilidades en relación al expresidente Belisario Betancur, sus ministros, contra el director de la Policía de la época, general retirado Víctor Alberto Delgado y contra el entonces director del DAS, Miguel Maza.

“Vamos a solicitarle a la Comisión de Acusaciones un informe muy completo sobre el estado de las investigaciones del expresidente Belisario Betancur para aunarlas a nuestro proceso teniendo en cuenta que hay una solicitud del Tribunal de Bogotá a la Corte Penal Internacional en el sentido de que si la justicia colombiana no actúa, nos vamos a ver expuestos a una intervención de este tribunal”, precisó Montealegre.

Subrayó el jefe del organismo acusador que se busca establecer si hay responsabilidad penal al expresidente.

“Establecer, como lo pide el Tribunal Superior de Bogotá, qué tipo de responsabilidad penal puede atribuírsele a los ministros del expresidente Belisario Betancur, cuáles fueron las medidas que adoptaron, si puede atribuírseles alguna responsabilidad penal por la toma de decisiones en ese momento”, puntualizó.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Bogotá le pidió al Fiscal de la Corte Penal Internacional que asumiera la investigación por el tema del Palacio de Justicia, específicamente frente al tema de una eventual responsabilidad del expresidente Betancur.

De la misma forma se investigarán las presuntas omisiones del alto mando de la Dirección de la Policía de la época.

Investigar “al alto mando de la Policía en 1985, específicamente vamos a determinar si hay algún tipo de responsabilidad del general Delgado Mallarino, de las personas de la Policía Nacional que en ese momento estuvieron en contacto con la toma del Palacio de Justicia”, manifestó.

También se busca esclarecer la actuación de Maza en los hechos.

El fiscal Montealegre sostuvo que acoge la declaratoria de crimen de lesa humanidad de la toma y la retoma del Palacio de Justicia declarado por el Consejo de Estado, lo que hace imprescriptible el proceso.

Nación aceptará lesa humanidad

Ante la inminente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Colombia por su responsabilidad frente a los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado buscará reducir los impactos.

La directora de la entidad Adriana Guillén dijo que la Nación enfrentará los alegatos finales del proceso ante la Corte con un cambio de posición, lo que incluye aceptar la responsabilidad en algunos de los casos.

“El Estado colombiano va con un cambio de lenguaje. Hemos revisado cada uno de los casos. La Nación reconocerá la responsabilidad que deba reconocer en relación con las pruebas que obran dentro del expediente”, precisó Guillén.