*Sería necesario presentar el próximo año una norma derogatoria

Con la eliminación de la reelección presidencial deberá a renglón seguido tramitarse en el Congreso un proyecto para derogar la Ley 996 de 2005 de Garantías Electorales, pues desaparecería la materia que regula. Incluso, no tendría razón de ser  que se mantuviera vigente para los comicios regionales.

En ello coincidieron varios senadores de la Comisión Primera, célula legislativa la cual el pasado miércoles hundió el proyecto que unificaba los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República. Precisamente, una de las razones que había argumentado el Gobierno para radicar ese proyecto era que con el actual esquema que establece una diferencia de 17 meses entre la realización de los comicios presidenciales respecto de los regionales, a los gobernadores y alcaldes en sus cuatro años de mandato les tocaba dos veces la Ley de Garantías, lo cual frena la administración por las restricciones que impone en materia de contratación. 

La Ley de Garantías Electorales es la norma reglamentaria del Acto Legislativo 02 de 2004, por medio del cual se introdujo la reelección presidencial inmediata, que dos años después permitió un segundo periodo de Álvaro Uribe. Como su nombre lo indica, establece unas restricciones al Jefe de Estado en plan de reelección y a su gobierno con el fin de impedir que se aprovechen los bienes públicos para sacar ventaja frente a los demás candidatos.

Si bien esta norma hace referencia específica a la situación que se presenta con un presidente aspirante a la reelección, el Consejo de Estado señaló que sus efectos irradian para toda clase de elección popular.

Las restricciones que fija la Ley 996 de 2005 a las administraciones durante los cuatro meses anteriores a la elección hacen que se suspenda cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, tampoco se podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

También queda prohibida la contratación directa durante este periodo con excepción de los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.

El proyecto que tramita el Congreso de equilibrio de poderes suprime la reelección presidencial  en los tres debates que hasta el momento ha rendido, y se espera que así se mantenga hasta su octavo debate, pues es la esencia de esta iniciativa que presentó la administración Santos y en cuyo propósito viene trabajando la coalición de gobierno de forma coordinada.

*Hablan los senadores

El senador Manuel Enríquez Rosero (Partido de La U), Comisión Primera, dijo a  EL NUEVO SIGLO haciendo referencia al proyecto que se hundió de unificación de periodos, “entiendo las justificaciones del Gobierno en el sentido de que un periodo de 4 años no es suficiente para sacar adelante un programa de gobierno ni mucho menos unos proyectos de largo alcance porque, se dice, que los alcaldes y gobernadores cuando llegan encuentran los municipios y los departamentos con los recursos completamente comprometidos por los que salen del cargo, y que una vez se presentan los proyectos, se logran viabilizar éstos, se encuentran con la Ley de Garantías, que como ocurrió este año, prácticamente dejó paralizado al país durante más de seis meses”.

Empero, el Parlamentario nariñense dijo que “al ya no existir la reelección, pues obviamente desaparece la Ley de Garantías”, y habría que derogarla.

Por otra parte, el también senador de la Comisión Primera, Jaime Alejandro Amín Hernández (Centro Democrático), dijo que “eliminada la causa desaparecen los efectos, es decir, si no hay reelección presidencial, no tiene ninguna razón de ser la Ley de Garantías Electorales por cuanto esa solamente se había previsto para el caso de fijarle unos límites al ejercicio del poder presidencial en cuanto éste podía ser reelegido. Pero desparecida la figura de la reelección presidencial, como está contemplado en la reforma constitucional, pues evidentemente allí no habría más que darle curso a la eliminación mediante otra ley si es necesario de la figura de garantías electorales”.

En tanto que el senador y codirector del Partido de La U, Roy Barreras, dijo que “si se aprueba la norma constitucional (proyecto de equilibrio de poderes), solo lo sabremos en mayo entrante, por supuesto hay que derogar las leyes que le son contrarias, incluyendo la Ley de Garantías, que ya sería innecesaria”.

Además, Barreras consideró que existe la posibilidad de que la Ley de Garantías no tenga efectos en los comicios regionales de octubre próximo. “Alcanzaría porque la norma constitucional rige inmediatamente se apruebe. Los actos legislativos una vez aprobados y publicados entran en vigor”.